El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina rechazó este miércoles por anticipado la iniciativa que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y la calificó de «irrazonable».
«La reforma no reduciría los índices de inseguridad», dijo la asociación civil que congrega a defensorías y asesorías públicas de Argentina, en un comunicado firmado por el coordinador, Maximiliano Benítez.
Benítez, también titular del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, afirmó que «el número de delitos cometidos por esta franja etaria es insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas».
La baja de edad de punibilidad «afecta a los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad» y por eso «no reduciría los índices de inseguridad».
A cambio, postuló «dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales» ya que «la mayoría de los sistemas provinciales de protección de derechos encuentran serias dificultades para dar cumplimiento».
El Consejo recordó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación «creó una comisión para analizar el tema y concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años». «El contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional», agregó en el escrito.
Finalmente, resaltó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas «exhortó al Estado nacional» a que las leyes «no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la responsabilidad penal» de niños, niñas y adolescentes.
El Consejo se creó formalmente en 2015 con el objetivo de «diseñar acciones para avanzar en el fortalecimiento institucional de la Defensa Pública y contribuir a su total emancipación respecto de otros Poderes del Estado».