El oficialismo, con el aval de algunos bloques minoritarios, buscará la firma del dictamen que habilite al proyecto a quedar en condiciones de ser tratado por el plenario
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará el próximo martes emitir dictamen en un plenario de comisiones sobre el proyecto integral contra la violencia institucional que busca prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, que presiden los diputados del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky, respectivamente, se reunirán a partir de las 17 en el Anexo C de la Cámara.
Desde el 21 de abril, el plenario de comisiones organizó cuatro reuniones en las que funcionarios, representantes de derechos humanos, juristas, madres de víctimas de la violencia institucional y especialistas en la materia expusieron sus puntos de vista sobre el tema.
Así, se llega a esta próxima reunión en la que el oficialismo, con el aval de algunos bloques minoritarios, buscará la firma del dictamen que habilite al proyecto a quedar en condiciones de ser tratado por el plenario.
Además de Penacca y Yasky, el texto lleva la firma también de otros legisladores como Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Alvarez Rodríguez, Cecilia Moreau, y Germán Martínez, todos del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT).
La iniciativa establece pautas de acción frente a la presentación de denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».
Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. También fija principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».
De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».