El dirigente gremial y empresario de Puerto General San Martín también es investigado por lavado de activos.
La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Herme Juárez, el histórico dirigente sindical y empresario portuario del cordón industrial que fue detenido el 1 de agosto de 2019 en su domicilio de San Lorenzo, tras un megaoperativo realizado por varias fuerzas federales.
Los camaristas Alberto Lugones, Marcos Morán y Juan Pablo Salas confirmaron el procesamiento de Juárez en orden al delito de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. Además, ratificaron los procesamientos de las hijas del líder portuario, Paola y Mariana, su hijo Oscar y del ex gerente, Daniel Gustavo Badía, por el delito de lavado de activos de origen ilegal.
Según consta en el expediente, los acusados habrían utilizado empresas de transporte, seguridad privada y comida para abultar gastos que suponen un retorno de dinero al seno del entorno familiar referido por sus opositores como “El clan de los Juárez”. También menciona la compra de automóviles de alta gama y campos a nombre de la cooperativa usufructuados por la familia Juárez.
En la resolución se detallan los métodos que habrían utilizado para cometer los ilícitos y se menciona que “merced a las diligencias de investigación realizadas y las constancias colectadas hasta el momento, se habría detectado una serie de maniobras en la administración de la cooperativa, destinadas a obtener ilícitos ingresos personales, en perjuicio del ente y sus socios.
Además, el documento judicial hace mención a la falta de distribución de ganancias de la cooperativa. “Se hizo constar que registra un alto nivel de superávit, lo cual resulta extralimitado considerando el carácter de la figura cooperativista, que por su naturaleza organizacional y jurídica no debería perseguir fines de lucro. Para ilustrar esto, basta con hacer referencia al balance presentado en 2016 en el cual se declara la obtención de ingresos por 1.343 millones de pesos con un resultado excedente de 672 millones. De ese excedente, 444 millones corresponden a prestación de servicios a no asociados y, según la ley de cooperativas, al no ser distribuidos entre los cooperativistas se deben destinar a una reserva especial. Por lo tanto, es ajustado concluir que la gran mayoría de la actividad y resultados excedentes de la Cooperativa no retornaría en beneficio de los asociados, hecho que no se condice con el espíritu del tipo de organización en estudio”.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) precisó que, al momento de la inspección, “la entidad poseía un total de 98 asociados, según lo informado en acta de fiscalización, los que se encuentran bajo relación de dependencia al igual que los 667 no asociados, arrojando un total de 765 empleados cuyas remuneraciones abonadas alcanzarían los 45.251.747 de pesos”. Esto pone en evidencia la desproporción de empleados socios y no socios, así como el conflicto de la realidad con el mandamiento interno de valerse del trabajo personal de sus asociados”, dirigido a limitar la fuerza laboral a la mano de obra constituida por el círculo de socios.
En el expediente se destaca el aporte de pruebas de valor para la causa como las escuchas telefónicas en las que se expone cómo el tesorero de la cooperativa inventaba servicios con proveedores. “Se destaca el diálogo telefónico transcripto y correctamente valorado en la resolución apelada, entre un integrante de la cooperativa _identificado como Daniel Badía_ y un sujeto que le habría prestado servicios de traslado de pasajeros identificado como ‘N.N. Mauricio”, del que se desprende con claridad que hablaban explícitamente de la confección de falsos comprobantes por viajes no realizados.
Los camaristas consideraron además que era habitual fraguar gastos con operaciones comerciales. “La habitualidad con que se fraguaban operaciones comerciales mediante comprobantes espurios, para la irregular sustracción de fondos pertenecientes a la cooperativa, con diversas finalidades, está ejemplificada por una conversación telefónica entre el presidente de la sociedad, Herme Juárez, y uno de sus gerentes, Daniel Badía. En ella, el primero le consultó al segundo si le habían dado algún recibo por el dinero aportado para una campaña política, a lo que Badía respondió: “Sí, 250 mil pesos le pagamos. Mandaron la factura. Con factura, sin factura no pagamos nada. ¿Te acordás que yo te hice firmar, que lo pasamos como que nos habían hecho un trabajo de gigantografía para la cooperativa?”. Aseguraron que “fingieron gastos por la adquisición de una gigantografía, con la finalidad de justificar la irregular salida de dinero de caja; en tanto que, la forma cómo se refieren al asunto, denota que estaban acostumbrados a recurrir a esa argucia”.
La actividad que motivó la erogación para la que se falsificó la factura, está expresamente prohibida a las cooperativas por ley, dado que “no tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas”. Según reproduce el portal SL24, hay sobradas pruebas que indican que “Juárez se comunicaba con las personas de confianza para dar órdenes sobre el movimiento de los fondos”.
Las hijas de Herme Juárez cobraban salarios superiores a los 250 mil pesos por mes y ostentan bienes por montos que no pueden justificar y la Justicia entiende que son producto del lavado de activos de dinero ilícito, robado a los socios de la Cooperativa.