Ariel D'Orazio, referente del espacio, habló con CLG, definió la postura de los inquilinos y evidenció malestar ante la no extensión del DNU que prohíbe desalojos y congelaba los precios
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, dijo el pasado martes que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres. “No hay ninguna posibilidad de que haya desalojo sin que se pase por una mediación en el Ministerio de Justicia y el Banco Central regulará los aumentos», aclaró más tarde el propio funcionario. Pero el malestar e incertidumbre entre los inquilinos y sus asociaciones no tardó en llegar. «Va a traer muchas consecuencias para las familias que están endeudadas», explicó Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y militante de la Concejalía Popular.
«Venimos preocupados, sobre todo de la manera en que se comunicó esto y se definió de forma unilateral«, sentenció por su parte Emmanuel Canelli, referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario.
En el mismo sentido también habló D’Orazio, quien tildó el anuncio como «apresurado».
«Nos parece apresurada la medida anunciada por el Ministerio (de Desarrollo Territorial y Hábitat) desde ya porque no hay una solución concreta sobre lo que están atravesando miles de inquilinos a lo largo y a la ancho del país y no está resulto el tema del endeudamiento«, esgrimió y mostró su preocupación ya que a partir de abril «comenzarán los juicios de desalojo» debido que el gobierno, «sin haber lanzado una medida que proteja a los inquilinos», lo permite con la quita del DNU.
El propio ministro Jorge Ferraresi también planteó como alternativa comenzar con distintos planes de construcción de viviendas. «Para 2023 se construirán 264 mil soluciones habitacionales que irán modificando el mercado de alquileres», apuntó el funcionario.
El referente de la Concejalía Popular tomó la palabra del ministro y sentenció: «Habla desde un desconocimiento de la situación. Cualquier plan lleva mucho tiempo y el problema de los inquilinos es ahora».
D’Orazio participará como representante de la Concejalía Popular de la próxima reunión del Comité Regional de la Mesa de Política y Hábitat que se realizará este viernes y allí presentará varias propuestas para desendeudar a los inquilinos como la aplicación de una plan Ahora 12 o Ahora 24 o créditos a tasa cero, también plantearán la «necesidad» de poner en marcha el alquiler social estipulado por la nueva Ley de Alquileres.
Por último, remarcó que es importante un plan de construcción de viviendas, pero «entendiendo que esto es a largo plazo».
Este plan de desendeudamiento nació porque, explicó el referente de los inquilinos, la morosidad en los contratos se da en un 25% de las locaciones habitacionales y un 30% en cuanto a los comerciales.
En otro orden, también exigió que el plan de pago que regirá a partir del 1º de abril sea consensuado con el inquilino ya que «sería descabellado pensar que alguien que no pueda pagar en tiempo y forma en el marco de la emergencia sanitaria, va a poder hacerlo, pero además con un plan de 12 cuotas con la deuda generada durante el próximo año«.
Y rápidamente volvió remarcar: «El Gobierno se apresura sin tener datos contundentes de primera mano, de conocer cuál es el estado real de morosidad, sin generar un registro de aquellas personas que lo necesiten».
Por último, apuntó que la decisión se debe a que «hay una presión muy grande de grupos vinculados al sector inmobiliario» ya que el DNU impedía, detalló D’Orazio, que se aplique «un desfasaje desmesurado en la actualización de los contratos que superaba la inflación interanual». En este sentido marcó que había porcentajes que superaban el 50% y algunos llegaban al 80%.