La investigación comenzó en enero de este año tras una denuncia presentada por la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores
En el marco de una investigación federal llevada a cabo por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se realizaron allanamientos simultáneos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en la ciudad de Buenos Aires, la provincia homónima y en Santa Fe. La causa investiga una red ilícita transnacional que, bajo el amparo de la «subrogación de vientres», estaría explotando a mujeres gestantes y comercializando los bebés nacidos bajo este método.
Los operativos fueron ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, y se ejecutaron con el apoyo de las divisiones de Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal Argentina (PFA).
El inicio de la causa y el modus operandi
La investigación comenzó en enero de este año tras una denuncia presentada por la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores. El disparador fue el reporte de una funcionaria alemana que notificó al Consulado Argentino en Bonn sobre el preocupante estado de salud de una niña de tres meses nacida en Argentina, que había sido presentada en un hospital alemán por una mujer de 58 años con documentos argentinos. Las inconsistencias en la filiación y el bienestar de la menor motivaron el inicio de las pesquisas.
Según lo informado por la fiscal Mángano, el negocio ilícito funcionaba bajo una estructura que ofrecía servicios de subrogación de vientres a parejas extranjeras que no podían concebir, cobrando sumas que rondaban los 50.000 dólares. Estas empresas, en muchos casos constituidas en el extranjero, ofrecían un «paquete» que incluía la selección de la gestante, los embriones, los controles médicos y el parto. Todo esto con la finalidad de inscribir al bebé recién nacido en el registro civil argentino y posteriormente entregarlo a las parejas interesadas, muchas veces sin ningún vínculo genético con la criatura.
Explotación de mujeres vulnerables
Uno de los puntos más alarmantes de la investigación es el modo en que estas redes captaban a mujeres gestantes. A través de redes sociales y aprovechándose de la precariedad económica de muchas de ellas, se les ofrecían sumas de 10.000 dólares por llevar adelante la gestación, con un extra de entre 1.000 y 2.000 dólares si el parto era por cesárea. Sin embargo, si el embarazo no prosperaba, no se les abonaba más que los gastos mínimos mensuales.
La fiscal Mángano subrayó que este esquema representa una explotación comparable a la reducción a la servidumbre, prevista en el artículo 140 del Código Penal. Además, se investiga si estas gestaciones ponían en riesgo la salud física y emocional de las mujeres involucradas, quienes debían someterse a numerosos intentos de embarazo sin garantía de remuneración.
Dimensión del caso y posibles implicados
Hasta el momento, la investigación ha detectado 147 casos de subrogación de vientres desde 2018, de los cuales al menos 49 presentan similitudes con el caso que dio inicio a la causa. Las personas comitentes, en su mayoría extranjeras sin residencia en Argentina, no acreditaron ningún vínculo genético ni afectivo con las gestantes, y las inscripciones de los nacimientos se realizaron sin la intervención de jueces civiles, sino únicamente mediante acuerdos notariales, que en muchos casos fueron declarados falsos.
El Ministerio Público Fiscal ha señalado que estos hechos encuadran dentro del delito de trata de personas, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, y que el tráfico de niños implica su reducción a una situación de esclavitud, en violación del artículo 140 del mismo código.
Allanamientos y próximas medidas
Los operativos realizados el pasado miércoles incluyeron cuatro centros de fertilidad en Capital Federal y dos en Rosario, donde se llevaron a cabo los tratamientos de fertilidad y gestación in vitro. Además, se allanaron siete escribanías y tres estudios jurídicos implicados en la elaboración de los contratos entre las gestantes y los comitentes.
La justicia secuestró historias clínicas, legajos administrativos, actuaciones notariales y protocolos de certificación de firmas, con el objetivo de determinar el alcance de la red y la participación de los profesionales involucrados.
La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se sumen más pruebas que ayuden a desarticular esta organización criminal que, bajo el disfraz de un servicio de subrogación de vientres, ha hecho de la vulnerabilidad de las mujeres y de la venta de bebés su principal fuente de ingresos.