La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se producirá a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados debatía este martes por la tarde los dictámenes impulsados por el Frente de Todos (FdT) de enjuiciamiento contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, a quien se acusa de «mal desempeño de sus funciones» en las causas por la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de coparticipación y de la ley del 2×1 en favor de represores, y el manejo de la obra social del Poder Judicial.
La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se producirá a 12 días de la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio político a los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.
Al abrir la reunión, a las 15.15, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un resumen del proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y dijo que se elaboró un dictamen por cada juez acusado.
Gaillard precisó que se realizaron 26 reuniones desde que se abrió el proceso de apertura a prueba «en la cual prestaron testimonio 65 testigos» y aseveró que «las audiencias fueron públicas y transmitidas por el canal de la Cámara de Diputados».
Los cuatro dictámenes de mayoría serán firmados por los 16 miembros del Frente de Todos, ya que los 14 diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentarán despachos de rechazo a esos pedidos de enjuiciamiento y lo mismo hará el diputado de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodríguez.
En el dictamen propiciado por el actual oficialismo, el FdT pidió el juicio político de los cuatro miembros de la Corte en la causal sobre el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, de Rosatti, Rosenkratz y Maqueda en la causa sobre la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura donde se repuso una ley que había perdido vigencia en el 2006.
En cambio, en el caso de la obra social, el FdT solo solicitó el juicio político de Maqueda y en el caso del fallo del 2×1 en favor de represores, la solicitud de enjuiciamiento es contra Rosatti y Rosenkrantz.
Ahora, los dictámenes estarán vigentes por un año y en este lapso el nuevo oficialismo representado por la Libertad Avanza podrá dejar sin tratamiento esos expedientes o impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones para que se rechacen los juicios políticos, ya que el futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, anticipó su oposición a estos enjuiciamiento impulsado por el Frente de Todos.
Al argumentar a favor del juicio político, el diputado del FdT Leopoldo Moreau negó que el juicio político se haya impulsado como un acto «supuestamente arbitrario, revanchista o de carácter vinculado a generar desprestigio en una institución como la Corte Suprema de Justicia».
Moreau dijo que «el juicio político no persigue castigar, sino separarlo del cargo con la excepción de las inhabilitaciones que pueda conllevar. Es decir, nosotros no hemos hecho otra cosa que cumplir con una manda constitucional. Cuando empezamos a tratar y considerar los pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia».
«Una consideración aparte merece el tema sobre el control de la obra social, el dato destacado es precisamente el mal desempeño, poniendo fin a las conductas pasadas y actuales de ciertos magistrados», agregó.
Desde la oposición, el diputado del Pro Pablo Tonelli dijo que «la verdad de por qué se desarrolló esta reunión a lo largo del año es que fue una decisión del Presidente de la Nación (Alberto Fernández) de no cumplir una sentencia a la Corte Suprema, que sigue incumplida hasta hoy».
El presidente de la bancada radical, Mario Negri, afirmó que «el kirchnerismo siempre presionó a la Justicia» ya que «antes lo hizo con jueces inferiores, pero desde enero llevaron la presión a la Corte Suprema porque la situación en causas de corrupción se les fue complicando. Al kirchnerismo siempre le molestó el control y la Justicia. Está en su ADN».
Por su parte, el legislador de Consenso Federal Topo Rodríguez pidió «no hacer lugar al pedido de juicio político a los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por improcedente» y aconsejo «archivar las actuaciones», conforme lo establecido por el artículo 14 del reglamento interno de la comisión.
Entre los fundamentos de su dictamen, el diputado lavagnista destacó que este intento de juicio político es «una lisa y llana persecución contra la cabeza del Poder Judicial y aún contra ese mismo Poder».