Un empleado municipal de la localidad santafesina de Totoras fue imputado hoy por catorce casos de abuso sexual de menores y continuará con prisión preventiva durante 90 días más hasta que finalice la investigación, informaron fuentes judiciales.
El hombre, de 61 años, había sido escrachado públicamente con letreros anónimos pegados en las calles de esa ciudad, ubicada a 50 kilómetros al noroeste de Rosario.
El municipio lo suspendió en su función sin goce de sueldo hasta que se resolviera su situación procesal, indicaron voceros del caso.
El acusado, identificado como Roberto M., personal del área de maestranza de la Intendencia de Totoras, había sido imputado con prisión preventiva en enero pasado por ocho casos de presunto abuso sexual, recodaron los informantes.
En una audiencia celebrada hoy en la Fiscalía de la ciudad de Cañada de Gómez, la fiscal Gabriela Lescano lo acusó de otros seis casos y de amenazas a una de las víctimas.
Según la información judicial, la fiscal lo acusó de abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos), abuso sexual (tres hechos), abuso agravado por el vínculo (un hecho) y un caso de amenaza telefónica a una de las víctimas.
De acuerdo a las fuentes, el juez de primera instancia Jesús Rizzardi aceptó la nueva calificación presentada por la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva efectiva del acusado por el plazo de 90 días.
Según la Fiscalía, que no dio a conocer los nombres de las víctimas para preservarlas, en algunos de los casos endilgados al empleado municipal el abuso se mantuvo a lo largo del tiempo.
El hombre fue detenido el 8 de enero pasado en su domicilio de la localidad de Totoras. Dos días después fue imputado por ocho hechos de abuso sexual y hoy por otros seis nuevos casos.
Pero antes de la judicialización del caso, el 25 de junio de 2017 la foto con el rostro de Roberto M. apareció adherida a columnas y paredes de Totoras, una pequeña ciudad de 10.300 habitantes.
Voceros del caso recordaron que esos letreros llevaban leyendas como “Cuidado, abusador suelto” y “La Justicia está dejando un abusador suelto en su barrio”.
Agregaron que el empleado municipal realizó una denuncia en la comisaría de Totoras por la pegatina que lo denunciaba.
En ese momento, el municipio emitió un comunicado en el que aclaraba que no podía avanzar sobre su empleado porque no existía una causa judicial en trámite, aunque el 8 de enero pasado, una vez detenido, suspendió el pago de sus salarios.