El presidente Iván Duque convocó a una mesa de diálogo, aunque se espera una movilización masiva este miércoles
Pese a algunas concesiones del Gobierno y a una semana de represión a las movilizaciones, las protestas se mantuvieron ayer en varias ciudades de Colombia, mientras se multiplicaron las denuncias dentro y fuera del territorio por el «uso excesivo de la fuerza» de la policía y se convocó para este miércoles a otra gran movilización nacional, en coincidencia con una mesa de diálogo que abrirá el presidente Iván Duque.
Estudiantes, trabajadores, indígenas y otros grupos de la sociedad civil participaron ayer en manifestaciones y piquetes en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en una señal de que la convulsión social desatada por la propuesta de reforma tributaria del Gobierno no terminó, según reportó el diario El Tiempo.
Aunque Duque retiró la resistida reforma y prometió redactar otra y que el ministro de Haciendo presentó su renuncia, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta con el llamado a una nueva movilización.
Todo pese a que Duque anunció la creación de una mesa diálogo nacional que incluirá a los sectores y actores del país en busca de soluciones al descontento ciudadano.
«Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil», subrayó el mandatario, en un mensaje que replicó su cuenta de la red Twitter.
Las reuniones comenzarán este miércoles mismo con presencia de «las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara, y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes, asociaciones, el sector privado y a quienes están en las Juntas de Acción Comunal, entre otros», explicó el mandatario.
En paralelo, mientras el Comité Nacional del Paro insistió en su llamado a marchar, ahora con nuevas reivindicaciones, entre ellas el retiro del proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
«La reforma tributaria fue el motivo para que explotaran todas las inconformidades que tienen las comunidades de este mal Gobierno», explicó a Télam la concejala de la fuerza de izquierda Polo Democrático en Cali, Ana Eroza.
En esa ciudad de 2,2 millones de habitantes, capital del departamento del Valle del Cauca y epicentro de las protestas, se registraron anteanoche nuevas escenas de represión policial y algunos disturbios, que dejaron al menos tres muertos, según informó hoy la Policía Metropolitana local.
Esta nueva represión fue condenada ayer por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También Estados Unidos instó ayer a las fuerzas del orden en Colombia a la «máxima moderación» para evitar más muertes durante las protestas e hizo un llamado al «diálogo político».
Ante estos llamados, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que anteanoche se registró «una delicada situación de orden público» en Cali y las actuaciones de los agentes se desarrollaron «con base en el respeto de los derechos humanos».
«Nuestra fuerza pública tiene la misión de proteger a los ciudadanos que se movilizan en las marchas sociales, pero tienen que ser implacables con aquellos que usan el vandalismo y acciones de terrorismo que buscan destruir ciudades y afectar la estabilidad en algunas regiones», argumentó.
El Gobierno anunció que enviará más de mil hombres de las Fuerzas Militares y el Ejército para reforzar la seguridad en Cali, militarizada por la fuerte represión y los disturbios que ésta generó desde el inicio de la protestas.
Una respuesta que desde la oposición ven como una estrategia para «deslegitimar la movilización social» y «una toma de la ciudad por parte del uribismo ante un Gobierno local que se ha planteado alternativo», denunció Eroza, en referencia al sector de derecha más dura que encabeza el exmandatario y aliado del actual presidente, Álvaro Uribe.
No obstante, para algunos sectores del oficialista Centro Democrático, fundado por Uribe, la militarización es insuficiente para hacer frente a los disturbios de los últimos días.
Varios congresistas oficialistas pidieron a Duque declarar la denominada conmoción interior -que otrora se conocía como el Estado de sitio-, contemplada en la Constitución en caso de «una grave perturbación del orden público o institucional» que no pueda ser superada con “el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”, reportó el diario El Espectador.
En cambio, para Eroza, la única forma de terminar con las protestas es si el Gobierno dialoga con los líderes de la movilización social para entender «la situación nacional».
«No hay otra forma porque el país está cansado del uribismo, que toda la respuesta sea sobre todo militar y, en ese sentido, la gente está súper firme en darle continuidad al paro, así se estén arriesgando las vidas», afirmó.
En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal y 89 habrían desaparecido, según un balance de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos hablan de un número mayor de víctimas, como la plataforma Grita, que cifra en 1.181 los casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 3 de mayo, de los cuales 142 fueron de violencia física, 26 de violencia homicida, 56 de disparo de armas de fuego y nueve de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
En su llamado al diálogo, Duque prometió “rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y, por supuesto, la reactivación económica».