Una ONG instó a Duque a ocuparse del problema
Una ONG instó a Duque a ocuparse del problema
Más de 10.000 niños colombianos tuvieron que suspender su educación de forma indefinida entre enero y agosto de este año debido a la persistencia del conflicto armado en algunas regiones del país, informó el Consejo Noruego Para Refugiados (NRC), que instó al gobierno del presidente Iván Duque a ocuparse del problema.
«Las graves violaciones a la educación pueden tener un efecto devastador en el futuro de los menores de edad. Es necesario que el gobierno de Colombia garantice la educación y brinde esperanza a niños, niñas y jóvenes en todos los rincones del país», subrayó la especialista de educación de NRC, Nathalie Duveiller.
La ONG señaló en un comunicado que los principales peligros a los que se exponen los menores para llegar a clase son las minas antipersonales, la ocupación de escuelas por parte de grupos armados o quedar en medio de combates. Este último caso ocurrió 16 veces el año pasado, lo que afectó a 2.193 estudiantes de varios departamentos del país. De igual forma, 2.515 jóvenes sufrieron de manera directa o indirecta los efectos de las minas, de municiones sin explosionar y trampas explosivas.
El Consejo resaltó que el 91% de estos problemas ocurren en el camino a los colegios, por lo que tres de cada diez instituciones cancelaron temporalmente las clases y que en el municipio occidental de Bojayá, casi un millar de estudiantes sufrieron las consecuencias del conflicto, recogieron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Ese municipio del departamento de Chocó está marcado por la barbarie del conflicto desde el 2 de mayo de 2002, cuando las FARC lanzaron un cilindro bomba contra las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el explosivo cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo, provocando la muerte de al menos 79 personas.
Duveiller recalcó que «la reactivación del conflicto» requiere del Ejecutivo la adopción de nuevas medidas que garanticen a los menores el acceso al derecho a la educación, pues «cuando las escuelas son atacadas y los caminos son minados, el sentido de seguridad se desvanece en los territorios». Asimismo, propuso eliminar los riesgos sociales para las comunidades y expandir los servicios educativos en áreas afectadas por el conflicto.