"Oor ninguna razón se lleguen a violar los derechos" a los connacionales detenidos, remarcaron autoridades
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió al cónsul honorario de su país en Haití, Julio César Santa, que continúe las gestiones que sean necesarias para que a los 18 militares en retiro detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse se les asigne un defensor y sus derechos no sean violados.
«Resulta imperativo continuar adelantando las gestiones necesarias (…) para que los detenidos por el lamentable magnicidio el presidente de Haití cuenten con un defensor en el marco del proceso judicial que se adelante en su contra y se verifiquen constantemente los pronunciamientos y decisiones en esta materia», dijo Ramírez a Santa en un comunicado fechado el 30 de julio, pero dado a conocer el lunes por la cancillería.
Ramírez enfatizó en que se debe vigilar que «por ninguna razón se lleguen a violar los derechos» a los connacionales detenidos y que, por el contrario, «cuenten con todas las garantías judiciales», reportó la agencia Sputnik.
La funcionaria remarcó que las condiciones derivadas de la detención de los 18 colombianos «son motivo de preocupación» para el Gobierno de su país, ya que existe la posibilidad de que hubieran sido «sometidos a malos tratos que inclusive podrían llegar a calificarse como tortura».
En este sentido, le recomendó al cónsul honorario «velar por su estado de salud y su integridad física» y que se les asegure «el acceso a la asistencia jurídica por parte de un abogado, así como el debido proceso a la presunción de inocencia y a la legítima defensa».
Asimismo, le pidió que los detenidos reciban una visita consular al menos dos veces por semana para «documentar los posibles casos de tratos crueles en su contra», hacerle seguimiento a las investigaciones que el Gobierno de Haití debe adelantar por tales agresiones, y verificar que cuenten con las condiciones dignas de reclusión.
También, dice Ramírez en el texto, «es imperativo» que Santa mantenga comunicación constante con los familiares de los detenidos «para que conozcan de primera mano el estado en que sus seres queridos se encuentran».
Por último, le pidió que cada tres días le remita un informe que de cuenta de las gestiones que se adelantan en favor de los connacionales, quienes se encuentran detenidos desde el pasado 8 de julio, un día después del asesinato del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio con 12 disparos durante un ataque a la residencia presidencial, en Puerto Príncipe, que fue perpetrado por un comando conformado por militares colombianos retirados, de los cuales tres murieron en un operativo policial y otros 18 fueron detenidos.
El pasado viernes, Ramirez, en otro comunicado dirigido al embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, exhortó al Gobierno haitiano a cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos y brindar garantías a los detenidos, luego de asegurar que hay irregularidades en su detención y asistencia.