Solo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 líderes sociales y ex combatientes en el país latinoamericano
Grupos defensores de derechos humanos en Colombia denuncian que en los últimos años se produjo en ese país el mayor número de asesinatos de líderes sociales y comunitarios de toda América Latina y que la respuesta del Estado se limitó a fortalecer aun más la militarización de los territorios, pese al compromiso asumido en 2016 con el acuerdo de paz.
Con estadísticas difíciles de elaborar debido a las características del conflicto, las cifras varían entre más de 400 muertes (desde 2016 hasta 2020), según Human Right Watch (HRW); más de 700 según la Defensoría del Pueblo de Colombia, o más de mil, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Solo entre enero y febrero de 2021, ya fueron asesinados 73 líderes sociales y ex combatientes en el país latinoamericano.
En diciembre de 2020, el presidente Iván Duque dijo que los asesinatos de líderes sociales no son un fenómeno de su Gobierno, sino que «viene de atrás y más atrás» y que la gran mayoría de ellos se vinculan a la narco-estructura de grupos paramilitares: 78% son responsabilidad de grupos como «Las Caparros» o «Los Pelusos».
Sin embargo, este mes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, le pidió al Estado colombiano que tome responsabilidad por los crímenes.
«Es aberrante que los defensores de los derechos humanos tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa, es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de los defensores en los territorios», sentenció De Rivero.
Durante la campaña que lo llevó a ganar las elecciones presidenciales en junio de 2018, Duque ya había expresado sus diferencias con los acuerdos de paz alcanzados dos años antes entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla FARC, y había dejado muy claro que los mismos sufrirían variaciones, aunque sin romperlos.
Sin embargo, para Jimmy Moreno, vocero de la ONG colombiana Congreso de los Pueblos, «la escalada de esa violencia se hace más notoria en el Gobierno de Duque» y recordó que, desde 2018, cuando el mandatario asumió el poder político, «hace un llamado a la guerra como método para mantener su política de seguridad democrática».
Mientras avanza el Gobierno de Duque, «profundiza sus diferencias con los Acuerdos de Paz y los firmados con el movimiento social, y en consecuencia aumenta la presencia militar y su plan de militarización y control de las zonas estratégicas, todo ello en función de dinamizar su política autoritaria y neoliberal», subrayó Moreno.
Esto escaló el conflicto social y se incrementaron las movilizaciones, los paros, las protestas sociales en rechazo a lo que denunciaron como «terrorismo de Estado» e intentos de debilitar los acuerdos de paz.
Moreno lo ejemplificó con la estrategia de las «Zonas Futuro» promulgada por el Gobierno en 2018, «con asesoría del Comando Sur estadounidense», y que se concentra en cinco regiones colombianas: Pacifico nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca-Sur de Córdoba, Arauca, Chibiriquete y los parques nacionales naturales cercanos a estas zonas.
Esta política, explicó, «es la continuación de la seguridad democrática del Gobierno de (Álvaro) Uribe, su propósito es que los militares asumen el control territorial para proteger ‘las comunidades’ pero en el fondo la intención es profundizar la guerra y tener el control de las riquezas y bienes naturales que allí se concentran».
En estas zonas, que se caracterizan por las precarias condiciones de vida y escasos derechos para las comunidades, «hay una diversidad de actores armados en disputa, el narcotráfico y paramilitarismo, que promueven la violencia», agregó en una descripción similar a la que hizo la ONU cuando denunció una «falta de presencia territorial del Estado» en las zonas más violentas.
Allí «las fuerzas militares actúan de manera brutal y las soluciones a temas como los cultivos de coca, marihuana y amapola son las fumigaciones» prosiguió Moreno y destacó que no se buscan alternativas agrícolas para fortalecer las economías locales y facilitar la transición de cultivos.
«Los acuerdos firmados tanto en el proceso de paz como con las comunidades fueron incumplidos y desconocidos», sentenció y agregó: «Esta complejidad de los territorios y el riesgo permanente de las comunidades, nos llama a denunciar dentro y fuera del país para visibilizar esa Colombia que está lejos de una paz que cada día hace trizas el Gobierno».
Para Moreno, el otro gran problema actual es la situación de los desmovilizados, los firmantes del acuerdo de paz que «pasan por una situación crítica debido al desconocimiento y el incumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno colombiano.
Esto deja a los firmantes «en riesgo, ya que no se les ofrecen las mínimas condiciones de garantías para proteger su vida, integridad y los territorios donde se encuentran ubicados».
A fines del año pasado, la tensión por los asesinatos y agresiones contra ex guerrilleros desmovilizados creció tanto que el Gobierno chocó públicamente con la cúpula del partido FARC, que acusó a las autoridades de estar cometiendo un «genocidio» político contra sus ex filas.
«Lo que viene sucediendo es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva», denunció la senadora de ese partido Victoria Sandino y agregó que «es imposible que un suceso aleatorio se repita más de 240 veces, 243 diría».
Según un informe de la ONU de fin de año, la seguridad de los ex combatientes comprometidos con el proceso «sigue siendo el reto principal para la consolidación de la paz firme y duradera».
Esta vez el Gobierno no contradijo a la ONU -en marzo de 2020 la ministra del Interior colombiana había relativizado un duro informe de Naciones Unidas porque «mueren más personas por robo de celulares» en el país-, solo aclaró que actúa con «gran diligencia y compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población», según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Pero el Gobierno no está pudiendo encontrar aliados en este tema ni adentro ni afuera de Colombia.
Para Moreno, la crítica situación de los presos políticos y las precarias condiciones sociales, económicas y políticas presentan un panorama muy difícil que, aunque debilita y corroe los acuerdos de paz, también llama más que nunca a seguir exigiendo al Estado su cumplimiento y las garantías para la vida.