En diálogo con CLG, la diputada socialista del Frente Progresista desarrolló los pormenores de la ley de Necesidad Pública aprobada en la Cámara de Diputados el martes pasado
Tras extensos debates, discusiones y cruces públicos, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el martes pasado la ley de Necesidad Pública que pedía el oficialismo. Fue con 12 votos positivos y 34 abstenciones, entre las que se contó al bloque mayoritario del Frente Progresista, que de igual forma dio quórum para la votación de la normativa. “No queríamos darle al gobierno de Perotti más excusas para su inactividad”, justificó la diputada socialista Clara García en diálogo con CLG.
“Estamos en desacuerdo, pero creemos que hay momentos que por más que se tenga la razón y la verdad, hay circunstancias externas que obligan a ser responsables. Desde Frente entendimos que mucha gente estaba perjudicada porque el Ejecutivo pagaba tarde a empleado y dejaba a organizaciones sociales sin partidas amparados en una supuesta crisis económica que no es tal”, argumentó la legisladora.
Sin embargo, y más allá de haber entendido el contexto social y político, García aclaró que la ley “parte de un concepto erróneo”. “Nos dicen que hay una necesidad económica cuando hasta el 10 de diciembre se pagaron al día los sueldos con cláusula gatillo, fondos a municipios y comunas y cuentas a proveedores”. Y añadió: “La emergencia económica nunca existió y nos parecía una falta de responsabilidad total asumir que nuestra provincia, que siempre fue tan cumplidora, se endeudara por miles de millones de pesos hipotecando a los gobiernos que vienen”.
A renglón seguido, la diputada advirtió que “más allá de la posibilidad de tomar deuda, la Necesidad Pública también contempla el pago de sumas en negro a empleados, la tercerización del manejo de la recaudación, y la subjetividad en el reparto de fondos, entre otras cuestiones de falta de apego a licitaciones formales y controles, que son ajenas a la trayectoria de Santa Fe”.
En cuanto a las herramientas que posee el Poder Legislativo para llevar un control del endeudamiento otorgado, García afirmó que “se creó una comisión de 3 diputados y 3 senadores”. Aunque aclaró: “Este gobierno tiene poco apego a dar información y hacer pública sus gestiones. Al día de hoy no cumplió con las informaciones que debe dar, en la web de la provincia, la parte de datos económicos está completamente vacía”.
Al mismo tiempo, criticó la falta de diálogo de Perotti, en comparación con el contexto político que se vive en el país. “No lo entendemos. Veníamos de tantos años en política de conocerlo en una instancia de cordialidad que no nos hacía prever esto. De hecho, en los 12 años del Frente tuvimos una relación de madurez y cordialidad con todas las fuerzas. Es muy extraño por parte de él y de la vice ese tsunami de agresiones que hasta incluyó pautas en redes con descalificaciones falsas”.
“Nos decían que no tenían plata, pero más tarde nos admitieron que tenían 10 mil millones en plazo fijo y 6 mil en cuenta corriente. No puede ser que 3 meses después de asumir tengan semejante cifra inmovilizada en el banco y quieran endeudarse para hipotecar el futuro de los santafesinos. El gobernador no tiene más excusa, allí está la ley votada, miremos para adelante que el futuro que se viene con la pandemia es muy grave”, cerró.
Baja de sueldos y coronavirus
Dos proyectos más fueron aprobados esta semana, donde sí el acuerdo fue unánime, sobre la baja de los sueldos al 50 por ciento, y la posibilidad de toma de endeudamiento por 15 mil millones de pesos, ambos proyectos enmarcados en el contexto de recesión económica producto de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.
“Vamos a destinar nuestras dietas a instituciones que están luchando contra el coronovarius. Más allá del monto que no moverá la aguja es una manera de comprometernos y acercarnos a la gente”, explicó García
Los alcances de los superpoderes de Perotti
1) EMERGENCIA ALIMENTARIA: $ 2.500 millones. El gobernador define el programa y dispone de fondos presupuestados, aportes de Rentas Generales, programas del Estado Nacional, fondos de organismos multilaterales o donaciones.
2) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SANITARIAS: $ 2.500 millones.
La Casa Gris dispone de fondos presupuestados; integra programas de atención y recuperación; accidentología y emergencias sanitarias. Coordina el ministerio de Salud, que podrá cobrar aranceles y tasas sobre la instalación de equipos médicos.
3) SUPERPODER EN MANOS DEL GOBERNADOR: Omar Perotti puede renegociar contratos que la provincia no paga y, si no hay acuerdo a satisfacción del PE, queda facultado a reprogramar plazos o rescindirlos. Incluye los contratos de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y de Unidades Ejecutoras encargadas de la gestión de programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito.
4) JUDICIAL Y LEGISLATIVO: las facultades de renegociación y rescisión de contratos son extendidas a los titulares de ambas Cámaras del Poder Legislativo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en cuanto a las contrataciones públicas comprendidas en el ámbito de su competencia.
5) MUNICIPIOS Y COMUNAS: los gobiernos locales que adhieran a las disposiciones de la ley de Necesidad podrán también renegociar y rescindir contratos.
6) MANEJO DEL DINERO PÚBLICO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA. El Poder Ejecutivo puede disponer, durante el ejercicio presupuestario, la incorporación al Tesoro Provincial de los recursos afectados por leyes de orden provincial cuando éstos resultaren excedentes en relación al gasto ejecutado. Puede afectar “sobrantes” de años con excepción de los correspondientes a Cuentas Especiales de la finalidad Seguridad
7) API Y CATASTRO: El gobernador podrán “adecuar” los procedimientos, normativas reglamentarias, estructuras, equipamiento y metodologías de los dos organismos. Queda habilitado a suscribir convenios con universidades y subcontratar, a través de ellas, asistencia técnica y gestión operativa. La norma no excluye prestadores privados.
8) REGULARIZACIÓN DE DEUDAS NO TRIBUTARIAS: Se incluyen multas viales, de transporte, de comercio, ambientales y laborales; tasas de Enress o bromatológicas y aranceles fitosanitarios.
9) RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS Y DEUDA FLOTANTE: $ 6.000 millones en deuda a 36 meses. La operación de crédito queda en manos del gobernador.
10) ENDEUDAMIENTO DE LA EPE: $ 2.700 millones. La operación de crédito queda bajo titularidad ejercida por el gobernador. Podrá ofrecer garantías de coparticipación.
11) ENDEUDAMIENTO PARA RECONSTITUIR EL FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales): $ 16 mil millones. Parte de los fondos pueden usarse para financiar el congelamiento de tarifas de luz y agua. Hasta $ 8 mil millones puede tomar el gobernador; el resto en dos cuotas iguales (junio y setiembre) si lo autoriza una comisión bicameral a crear.
12) ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y COMUNAS: $ 3.500 millones. Podrá “anticipar” la Casa Gis, que cobrará una tasa equivalente a la mitad de la tasa regulada activa del agente financiero del Estado. Municipios y Comunas pueden afectar a gastos corrientes el 25 % de lo que deberían usar en el denominado Fondo de Obras Menores. Los “tiempos” de la asistencia no los establece la ley; quedan a discreción de Perotti.
13) PROGRAMA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD: $ 1.000 millones. De rentas generales más aportes de tasas de revisión técnica vehicular y otros recursos varios. El ministerio de Seguridad queda facultado a convocar personal retirado, poner en disponibilidad personal activo, otorgar asignaciones no remunerativas, hacer compras de maquinarias y equipos.
14) LEY PARA ATENCIÓN DE PANDEMIA (se sancionó por unanimidad en la Cámara de Diputados): $ 15.000 millones. La deuda podrá ser contraída mediante las mecanismos y/o instrumentos financieros que el gobernador Omar Perotti “juzgue más apropiados oportunamente”. Con plazo de 1 a 10 años y tasa sin determinar. Con garantía de la coparticipación federal. $ 3 mil millones podrán ir a “gobiernos locales” para programas ante el Covid-19.
15) AUTORIZACIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS. La norma extiende hasta el 50 % del Fondo e obras para financiar gastos corrientes.