Los procedimientos se llevaron a cabo en distintas zonas de Rosario, así como también en Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria
La Policía de Santa Fe realizó 18 allanamientos en simultaneo en el Rosario y alrededores por robo y daño infraestructura urbana, tales como tendido eléctrico, flexible de gas, sustracción de cable de telefonía y afines. Los procedimientos se llevaron a cabo en comercios dedicados a la compra y venta de chatarra ubicados en los barrios de Empalme Graneros, en la zonas oeste y sur de Rosario, y en las localidades de Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez. Cinco personas, presuntas responsables de los inmuebles allanados, quedaron a disposición de la Justicia y unos 15 comercios fueron clausurados.
Fuentes policiales indicaron que la investigación comenzó el año pasado y tuvo sus primeras intervenciones en junio de 2022, donde además de cobre se secuestraron armas de fuego.
Los elementos hallados por los investigadores y peritados por los veedores de las empresas son de todo tipo y valor, como ser: 8 baterías de respaldo energético a base de gel correspondiente a la empresa de Telecom valuadas en $250.000 pesos cada una, además de gran cantidad de chapas con inscripciones de medidores monofásicos hasta con números de serie perteneciente a la EPE, recortes de cables para distintas tensiones, llaves de línea de cobre perteneciente a Aguas Santafesinas, vallas de cercamiento tipo corralito de las cuales 7 fueron reconocidas por la Municipalidad de Granadero Baigorria y las restante son propiedad de Aguas.
En cuanto a control municipal se dispuso la clausura de 15 galpones más las intimaciones de cada caso en particular.
Las aprehensiones y detenciones dispuestas desde la Justicia, recayeron sobre los comercializadores del rubro como el caso de: Firpo R. (68) en calle 25 diciembre al 700 de Granadero Baigorria, Samudio L (28) en calle Felipe More y Deloit, Hemadi D. (68) en calle villa del Parque al 4000, Sosa E. (55) en calle villa del parque 4500, Sánchez E. (33) en calle Colombia 1721.
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Matías Ocariz y desarrollados por personal de la Brigada Operativa Departamental de la A.I.C., junto con agentes de la secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, peritos de la Empresa Provincial de Energía (EPE), de Litoral Gas, de Aguas Santafesinas y compañías de telecomunicaciones.
Según fuentes oficiales, la investigación que lleva adelante el fiscal sigue abierta y no se descarta que pueda haber nuevas medidas tendientes a desbaratar la operación ilegal que alienta el robo de cables en la ciudad.