Fernando Rivarola apelará la resolución de la Justicia, que rechazó un acuerdo de partes para un juicio abreviado a los imputados por una violación grupal ocurrida en 2012
El fiscal Fernando Rivarola apelará la resolución de la Justicia de Chubut que rechazó un acuerdo de partes para un juicio abreviado a los imputados por una violación grupal ocurrida en 2012, por considerar que no se respeta la voluntad de la víctima quien «no puede continuar con este proceso».
Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Chubut, «se recurrirá la resolución dictada por el Juez de Garantías Dr. Marcelo Nieto Di Biasse, por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima y soslayar la opinión de su terapeuta, quien explicó las razones por las cuales la joven no puede continuar con este proceso».
En el anuncio de apelación se asegura que «la resolución vulnera su derecho a ser oída y a que su decisión sea considerada en la resolución del caso, contradiciendo las recomendaciones plasmadas en todos los tratados internacionales que regulan los derechos de las mujeres víctimas de violencia».
Ahora, será la Cámara del Crimen de Trelew la que deberá decidir si le da la razón al juez y convoca a juicio oral o si ratifica el acuerdo para ir a un juicio abreviado.
La causa se inició el 4 de julio del año pasado, cuando el fiscal Fernando Rivarola solicitó la apertura formal de la investigación para imputar a cinco personas acusadas por «abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por la participación de más de dos personas».
A menos de un año de investigación se llegó a un acuerdo de partes que redujo la calificación a un «abuso sexual simple» convirtiendo al delito en excarcelable tras reducirlo a un «accionar doloso de desahogo sexual», según describió el propio fiscal.
Dos de los cinco jóvenes originalmente señalados por la víctima quedaron fuera de la causa por ser, al momento del abuso, menores de edad por lo que quedaron en proceso los jóvenes Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana.
Los hechos denunciados ocurrieron el 17 de septiembre de 2012 y la víctima lo denunció por Facebook, a principios de 2019.
A la hora de rechazar el acuerdo, el juez Nieto Di Biasse fundamentó que no es un «mediador» como para aceptar un trato entre la fiscalía y los abogados defensores -con el acuerdo de la víctima- que incluía una reparación económica que las partes pretendían que no quede escrita en el dictamen por una razón de «confidencialidad».
«De aceptar esas condiciones, se estaría reconociendo que existe una justicia para pobres y otra para ricos», dijo el juez, en obvia alusión a que, en este caso, los imputados pueden hacer frente a exigencias económicas y no pisar la cárcel por se integrantes de familias con recursos económicos.