Antes de hoy, en lo que va del año ya fueron expulsados 200 extranjeros en aviones de la Fuerza Aérea, en operativos que continuarán de manera paralela al proceso iniciado en abril
El gobierno de Chile deportó este lunes a 56 ciudadanos venezolanos de los que dijo que están involucrados en casos de tráfico de menores o ingresaron ilegalmente en el país, en el tercer procedimiento similar en lo que va del año y que fue criticado por organizaciones humanitarias y la Iglesia católica.
Los 56 venezolanos fueron embarcados en un avión de la aerolínea Sky en Santiago que, tras una escala en la norteña Iquique, iría directamente a Caracas.
El ministro del Interior, Rogelio Delgado, afirmó en el aeropuerto de Santiago que entre los deportados había “personas ligadas al tráfico de menores, al tráfico de drogas, hay personas condenadas por robo con violencia” y también quienes “entraron de manera clandestina a Chile”.
El funcionario aseguró que “el proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales, y además se hace, en este caso, en concordancia con las autoridades de Venezuela, siguiendo los protocolos, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la ONU”.
El hecho de que el operativo se haya realizado durante un fin de semana -el anterior también se efectuó un domingo, el 25 de abril- “tiene que ver con disposiciones logísticas, de vuelo, sanitarias y de distinta índole”, explicó Delgado, según la agencia de noticias ANSA.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en una sesión de emergencia, obligó al gobierno a frenar la expulsión de una ciudadana venezolana por no haberle otorgado “el plazo razonable para preparar su defensa y responder adecuadamente, ni la oportunidad para producir y refutar pruebas”.
El operativo fue cuestionado por los obispos católicos de la región norteña Antofagasta y por el Servicio Jesuita Migrante (SJM).
“Hemos observado con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana”, dijeron los obispos.
Los prelados reclamaron “el respeto al imperio de la ley”, especialmente “cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas” y cuando “las condiciones para salir de Chile a otros destinos siguen siendo sumamente difíciles y costosas a causa de la pandemia”.
A su vez, el SJM dijo que veía “con indignación cómo familias y niños pequeños ingresan a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas colectivamente”.
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso cuatro recursos de amparo a favor de inmigrantes venezolanos, invocando el derecho de reunificación familiar.
Chile deportó el 11 de febrero a 138 inmigrantes -la mayoría venezolanos y colombianos, pero también bolivianos y peruanos- y el 25 de abril, a 55 venezolanos, a todos los cuales acusó de haber ingresado ilegalmente y de otros delitos más graves.
En aquellas dos ocasiones los embarcó en Iquique -a unos 2.400 kilómetros al norte de Santiago-, hasta cuyo aeropuerto fueron llevados en operativos espectaculares, vestidos con mamelucos blancos, capuchas y mascarillas, esposados y cada uno acompañado por un policía.
“Este es el primero de los vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar expulsiones, ya sean judiciales o administrativas”, afirmó entonces el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
El funcionario dijo que con este nuevo proceso de expulsiones, el gobierno del presidente Sebastián Piñera pretendía deportar a unos 1.500 extranjeros este año, para lo cual alquiló 15 aviones comerciales que realizarán otros tantos vuelos.
Antes de hoy, en lo que va del año ya fueron expulsados 200 extranjeros en aviones de la Fuerza Aérea, en operativos que continuarán de manera paralela al proceso iniciado en abril, según Galli.
Además, el año pasado fueron expulsados 1.365 extranjeros, según datos del Ministerio del Interior.