Una encuesta develó, además, que el 75% anhela una nueva Constitución
Una encuesta develó, además, que el 75% anhela una nueva Constitución
La desaprobación a la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, se mantiene en un 80%, mientras que el 72% de la población anhela una nueva Constitución que modifique a la aún vigente del ex dictador Augusto Pinochet. Asimismo, un 78% de los encuestados desaprueba la labor del gabinete ministerial, mientras que el 15 sí la apoya, según una encuesta difundida el domingo por Radio Cooperativa.
En este contexto, un 72% se ha mostrado «de acuerdo» con que Chile necesita una nueva Constitución, mientras que un 20% está «en desacuerdo» y un 8% «no sabe o no contesta». Chile decidirá en un plebiscito previsto para el 26 de abril si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace, la principal demanda de los manifestantes que salen a las calles desde octubre.
Si gana la opción de avanzar hacia una nueva Carta Magna, los chilenos tendrán que decidir en el mismo plebiscito entre una Asamblea Constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y una instancia que incluya la participación de, al menos, el 50% de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.
Según la encuesta, que recoge la agencia de noticias DPA, la redacción de una nueva Carta Magna alcanza un respaldo del 49% entre las personas que se identifican con la derecha, un 82% entre las que se identifican con el centro y un 94% entre los simpatizantes de izquierda. Además, el 69% de los independientes la aprueba.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta suba del precio del subte en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución que remplace a la instaurada en 1980 por el ex dictador Augusto Pinochet.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social». Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas murieron por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil fueron detenidas, según medios locales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas, que aún no cesaron.