La Iglesia chilena decidió suspender al sacerdote Renato Riveros, quien oficiaba en la localidad chilena de Illapel, 300 kilómetros al norte de Santiago, tras una denuncia penal en su contra por abuso sexual a un menor presentada ante la Fiscalía Nacional.
«El obispo prelado Jorge Patricio Vega fue informado que el presbítero Renato Riveros Silva ha sido acusado ante la Fiscalía por abuso a un menor de edad», explicó la diócesis a través de un comunicado. Asimismo, la Prelatura -ente eclesiástico católica conferido por el Papa- «ha decretado el inicio de una investigación previa» sobre la denuncia contra Riveros como lo establece el Código de Derecho Canónico y el protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para tratar las causas de abusos sexuales a menores.
«Como medida cautelar -continuó la diócesis en su comunicado- se ha suspendido al mencionado presbítero del ejercicio del ministerio sacerdotal» y confirmó su disposición de colaborar con la Justicia civil que investiga el caso contra el sacerdote, según un despacho de la agencia EFE.
El comunicado resaltó que «la Iglesia católica rechaza todo daño a niños, niñas y jóvenes», y solicita a cualquier persona que disponga de antecedentes o pruebas tanto sobre esta denuncia o cualquier otra, que se ponga en contacto con la prelatura.
En tanto, el fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, informó a fines de abril que las causas abiertas por abusos sexuales en el interior de la Iglesia católica chilena aumentaron a 166, y las víctimas a 248, de las que 131 eran menores de edad al momento de sufrir los delitos, mientras las personas relacionadas con el clero que son investigadas suman 221.
Entre estas últimas hay 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos. La Fiscalía Nacional chilena anuló un convenio de colaboración suscripto el pasado 30 de abril con la CECh para indagatorias relacionadas con clérigos involucrados en casos de abusos sexuales y reconoció que la decisión obedeció a una serie de críticas desatadas por el convenio, principalmente de agrupaciones de víctimas.