La ola de manifestaciones desatadas en Chile el 18 de octubre inicia su sexta semana con una huelga general progresiva convocada para lunes y martes por la Mesa de Unidad Social, el grupo que reúne a más de 150 organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos que rechazan el acuerdo constitucional y piden profundizar la agenda social.
La Mesa llamó a los chilenos a participar de la paralización en diversas actividades productivas y de servicios en todo el país, así como a la realización de cacerolazos y acciones para presionar al gobierno de Sebastián Piñera y la clase política para que las autoridades consideren la agenda social emanada desde la población movilizada.
La medida expresa el rechazo transversal que existe en el bloque sobre el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado el pasado 15 de noviembre por distintas fuerzas políticas del país. De acuerdo al colectivo, el pacto se habría elaborado «entre cuatro paredes» por coaliciones que no los representan y una clase deslegitimada responsable de la crisis social y política, según lo manifestado por Carolina Tello, una de las voceras de mesa de la región de Coquimbo.
El acuerdo constitucional fue alcanzado tras cuatro semanas de intensas protestas callejeras en un estallido social que desató la crisis política y social más grande desde el regreso de la democracia, en 1990, y que dejó hasta ahora un veintena de muertos y miles de heridos y detenidos.
El pacto contempla celebrar un plebiscito para consultar al pueblo si desea una nueva Constitución y si ésto se hace a través de una convención constituyente, formada por legisladores y ciudadanos comunes, o una asamblea constituyente integrada exclusivamente por ciudadanos que serían elegidos para ello en una segunda votación.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa, emplazó al gobierno a que sean escuchadas las demandas del colectivo que hace semanas fueron enviadas a La Moneda, sin que hasta ahora se tenga respuesta o al menos alguna convocatoria a diálogo.
Durante la medida de fuerza, el grupo interpelará al gobierno y los partidos políticos para que «garanticen la participación efectiva del movimiento social en el proceso constituyente» señala un documento distribuido a la prensa y reproducido por el portal Bio Bío.
El anuncio de esta nueva paralización lo formuló el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, quien aseguró que su sindicato se pone «a disposición de los movimientos sindicales para que Chile también se exprese mediante esta huelga productiva. Vamos a estar trabajando en virtud de aquello».
Los trabajadores pertenecientes a los sindicatos adscritos a la Unión Portuaria, anunciaron que detendrán totalmente sus actividades y su vocero, Jorge Salazar, agregó que los funcionarios del sector se oponen a eventuales acuerdos constitucionales generados en el Congreso Nacional, sin contar con la opinión y aporte de las organizaciones ciudadanas que conforman el colectivo ciudadano.