El Congreso chileno aprobó este lunes una ley que agiliza el trámite de expulsión de alumnos que participen en actos violentos en centros educativos, en medio del fuerte rechazo de los gremios estudiantiles que consideran la norma un guiño a la represión.
El proyecto sobre convivencia escolar, denominado «Aula segura», surgió como respuesta a hechos puntuales de violencia que tuvieron su punto más alto en octubre cuando un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía, tras lanzar bombas incendiarias al interior del Instituto Nacional, uno de los más emblemáticos de Santiago.
La norma que «fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia», fue sancionada por la Cámara de Diputados con 107 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones.
El documento ya había sido aprobado por el Senado y ahora pasa a la Presidencia para su promulgación.
En un Congreso sin mayorías absolutas, parte de la oposición votó con la centroderecha oficialista para aprobar la norma que sufrió modificaciones en el texto ingresado por el Poder Ejecutivo. Con los cambios, las expulsiones por vía rápida se limitan a casos que impliquen porte de armas, agresiones sexuales, lesiones o daños a los centros educativos.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, consideró que la iniciativa «da a los directores las herramientas para proteger» a los alumnos.
En la vereda opuesta, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) consideró que el gobierno de Piñera instaló una «campaña del terror», y llamó a «desobedecer» la normativa y a movilizarse en rechazo a la misma.