La directora del organismo de crédito internacional, Kristalina Georgieva, adelantó que recomendará la aprobación de la solicitud
Chile, sacudido por protestas sociales y cuya economía se contrajo por la pandemia del coronavirus, pidió al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito flexible (FCL, por sus siglas en inglés) de unos 23.800 millones de dólares durante dos años, dijo el martes el organismo multilateral.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recomendará la aprobación del acuerdo FCL, que según las autoridades chilenas será tratada como financiamiento precautorio, cuando el directorio se reúna para tratar el tema en las próximas semanas, señaló el Fondo en un comunicado.
De acuerdo con medios locales, ese tipo de líneas de crédito solo está disponible para países con muy sólidos fundamentos macroeconómicos. La mencionada herramienta tiene por objeto proteger a las economías ante eventuales shocks externos al proporcionar un acceso amplio y por adelantado a los recursos del FMI, sin condiciones ex post.
De acuerdo al comunicado del organismo internacional de crédito, la disponibilidad de la FCL “tiene por objetivo ayudar a alcanzar los objetivos del Banco Central ante eventuales situaciones de shocks externos severos, como los que podrían acompañar a un agravamiento significativo de los efectos globales de la crisis originada por el covid-19”.
“La facilidad no está destinada a financiar gasto público”, añade, además, el documento.
En un comunicado emitido casi a la par por el Banco Central de Chile, se afirma que “la FCL es una facilidad de carácter precautorio, complementaria a las fuentes propias de liquidez externa provenientes por ejemplo de las reservas internacionales”.
Por otra parte, el central precisa que esta herramienta, creada en 2009 y usada anteriormente por países como México, Polonia, Colombia y Perú, “no está sujeta a la condicionalidad de los tradicionales programas de ajuste del FMI para países que enfrentan una crisis de balanza de pagos. La FCL no impone acciones previas al país que la contrata ni condicionalidades ex post en caso de que se realicen desembolsos”.
De esta manera, el organismo solo demanda que “el país cumpla con los exigentes criterios de calificación”.