La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) ampliaron hoy ante la Oficina de País para la Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la denuncia ya presentada contra el decreto 52/18 y el gobierno nacional, que derogó la paritaria federal docente.
En el escrito entregado a los funcionarios del organismo laboral tripartito mundial, los dirigentes de la Ctera Sonia Alesso y Eduardo Pereyra y de la CTA Hugo Yasky exigieron «la urgente apertura de la negociación colectiva docente» y rechazaron «el decreto», a la vez que consideraron que el Estado y las provincias «son corresponsables de sostener la educación según las leyes 26.206 y 26.075».
También rechazaron la reforma educativa porque atenta contra «la escuela secundaria y los institutos de formación» y se opusieron a la norma previsional respecto de «la armonización de las cajas provinciales y la eliminación del régimen jubilatorio docente».
«No existe la posibilidad de discutir y acordar el salario mínimo docente, dispuesto por el artículo 10, inciso C de la Ley 26.075; hay digitación en la conformación de la voluntad del sector sindical por parte de la patronal, que desconoce el criterio de proporcionalidad de la cantidad de afiliados; no existe el derecho a la información luego de la derogación de la obligación de proporcionarla y no se puede peticionar ante la cartera laboral para constituir una Comisión Negociadora del convenio colectivo a partir de la derogación del artículo 5 del decreto 457/07, y tampoco hay autoridad de aplicación», expresaron.
«La Ctera y la CTA reclaman la actualización y el incremento del presupuesto educativo y el mantenimiento de los programas socio-educativos”, expresaron los sindicalistas.
El escrito fue presentado ante la OIT en Buenos Aires por Yasky, Alesso –titular de la Ctera-, Roberto Baradel –adjunto de la CTA-, Eduardo López –Gremial– y Eduardo Pereyra –Relaciones Internacionales- y por los jefes de las seccionales provinciales ante el director de la Oficina de País del organismo laboral, el brasileño Pedro Furtado de Oliveira, quien se comprometió a elevarlo de forma urgente a la sede central en Ginebra.
La denuncia fue dirigida a la jefa del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Karen Curtis (caso 3272) en queja por «violación de la libertad sindical a partir del impedimento para la negociación colectiva».
«El decreto 52/18 del gobierno de Mauricio Macri se inscribió en un contexto general de liquidación de los derechos de los empleados públicos y privados, con evidentes conductas persecutorias en perjuicio de los trabajadores de la educación», dijeron.
La presentación también denunció que el decreto 52/18 «es inconstitucional y viola los Convenios de la OIT 87, 151 y 154, procura modificar la Ley 26.075 para impedir que se determine en la paritaria nacional docente el salario mínimo para el maestro de grado de jornada simple -aplicable como inderogable para las provincias- y llamado ‘cargo testigo'», y señaló que es «insostenible y ridículo que se neutralice un acuerdo salarial en un convenio colectivo de trabajo porque esa es su razón de ser», puntualizó.
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