La Cámara Federal de Casación Penal dio por "desistido" el planteo de Leandro Alberti Shcherbyna, quien se presentó en el expediente como artista callejero y estudiante de una carrera terciaria que vio cercenados sus derechos
La Cámara Federal de Casación Penal cerró definitivamente una denuncia contra el presidente Alberto Fernández por el contenido de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados desde el inicio de la pandemia.
El máximo tribunal penal de país dio por «desistido» el planteo de Leandro Alberti Shcherbyna, quien se presentó en el expediente como artista callejero y estudiante de una carrera terciaria que vio cercenados sus derechos por los sucesivos DNU presidenciales.
La jueza María Eugenia Capuchetti, primero, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, y la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, desestimaron la denuncia.
Pero Alberti Shcherbyna apeló la desestimación y pidió ser tenido como querellante para «llevar adelante la tarea que el Fiscal se niega a cumplimentar toda vez que, de acuerdo a los perjuicios sufridos, resulta ser víctima de la actividad estatal».
El denunciante «sostuvo que se encontraba estudiando una carrera terciaria que, como consecuencia del decreto 297/20, tuvo que abandonar y que, a su vez, como se hallaba laborando como comediante y trabajaba en bares, restaurantes y teatros, el cierre compulsivo de los mismos lo ha dejado desempleado».
Pero Stornelli, «al no advertir la comisión de tipo penal alguno, solicitó la desestimación de la denuncia… y consideró que la justicia criminal no es el ámbito propicio para cuestionar el contenido de las normas administrativas ni la conveniencia de su dictado».
Cuando el expediente llegó hasta la Cámara de Casación, Alberti Shcherbyna no mantuvo la apelación, por lo que los jueces Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani resolvieron «declarar desierto el recurso» y cerraron la causa 357/2021, en la que Alberto Fernández estaba imputado por «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos».