En la misma investigación estaban involucrados también algunos de sus ex funcionarios y empresarios de la causa de los cuadernos
La Justicia cerró una investigación por lavado de dinero contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la misma, también están acusados algunos de sus ex funcionarios y los empresarios también investigados en la renombrada causa de los cuadernos, Paolo Rocca (Techint) y Angelo Calcaterra.
Según publica el diario Infobae, la decisión de la Justicia de cerrar la causa se debe a que la Unidad de Información Financiera (UIF) multiplicó investigaciones contra esos acusados, cuando presentó una nueva denuncia diciendo que los hombres de negocios procesados en las causas ligadas a las anotaciones del chofer Oscar Centeno tenían en su poder dinero de origen ilícito por los negocios que consiguieron sus empresas en la época kirchnerista.
La causa de los cuadernos sacudió al país en 2018. La UIF se presentó en abril de 2019 en los tribunales para abrir un expediente conexo por lavado de dinero. Según el organismo que comandaba Mariano Federici, el derrotero del dinero que se movió alrededor de los cuadernos debía ser investigado “como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita”.
“Los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”, indicaba la UIF. Según el organismo, no sólo habían existido coimas, si no que los empresarios habían ingresado dinero ilegal al circuito legal y se pedían las indagatoria de los sospechosos.
En su momento, hasta el juez Claudio Bonadio rechazó sumar esa denuncia a su megainvestigación aludiendo que, en todo caso, las causas por lavado de dinero eran sobre los ex funcionarios que respondían a Cristina, por haber recibido ese dinero.
El caso, por sorteo, fue a parar al juzgado de Sebastián Ramos, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien dictaminó el archivo de la causa por la imposibilidad de proceder. El juez firmó la resolución haciendo lugar a ese planteo este lunes.