Carlos Beraldi afirmó que el llamado operativo "limpiar todo" postulado por la fiscalía en su acusación "no existió"
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió hoy que la fiscalía hizo un «intento desesperado» por sostener una acusación que tiene «certificado de defunción» al tiempo que afirmó además que la Presidencia de la Nación no tiene entre sus competencias el control de la obra pública provincial.
En su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en la llamada causa Vialidad, el defensor de la Vicepresidenta sostuvo que el llamado operativo «limpiar todo» postulado por la fiscalía en su acusación «no existió».
Con este tema comenzó la exposición pasadas las 9 y luego se abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, tramo en el cual el defensor remarcó que la expresidenta no tenía «competencia» para ejercer controles porque Argentina es un país «federal» y se trata de un tema de jurisdicción provincial.
El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, demostró la nula participación del Poder Ejecutivo en la adjudicación de obras viales pic.twitter.com/jeQMzkpExj
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 20, 2022
Sobre el bautizado operativo «limpiar todo» por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Beraldi lo atribuyó a un «intento desesperado» para mantener la acusación que tiene «certificado de defunción», para lo cual se falseó prueba y se introdujo una «acusación calumniosa» en base al peritaje del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López
La Vicepresidenta «no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas», sostuvo Beraldi
El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.
Los fiscales hicieron «un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio», analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como «limpiar todo» en su alegato final.
En base a estos mensajes de López, «más de 26.000» de los cuales los fiscales «usaron cuatro o cinco» se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.
«Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros», enumeró sobre esa acusación fiscal.
Esto «iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata».
Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como «voy a ir a ver a la señora».
«El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario», evaluó
Además, desmintió una supuesta reunión de la ex Presidenta con Lázaro Báez el 30 de noviembre de 2015, a la que hizo referencia la fiscalía en su alegato.
Beraldi sostuvo que esto fue “falso” y que ese día en la hora en la cual se la ubicó con Báez estuvo en Rio Negro en un acto oficial, cuyo video exhibió en la audiencia.
Tras un breve cuarto intermedio, la defensa inició un nuevo tramo del alegato dedicado a las supuestas irregularidades advertidas en Santa Cruz con relación al direccionamiento de obra pública a favor de empresas del también acusado Lázaro Báez, como «Austral Construcciones»
«No existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de ningún Presidente, basta ver la estructura del Estado y la distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal», advirtió el abogado
En términos jurídicos «no existe ninguna posibilidad de vincularlo», agregó.
Como en otros tramos del alegato exhibió a través de la plataforma Zoom en la audiencia virtual, partes de declaraciones de testigos y también de la indagatoria de la Vicepresidenta.
En ese sentido, la ex Presidenta declaró en el juicio que «hay estamentos».
«Yo no designo al Administrador de Vialidad provincial, este es un país federal. De qué estamos hablando?», se preguntó en ese momento.
La defensa exhibió también parte de la declaración como testigo del presidente Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete.
«Esas obras las licitan las provincias, todo es muy lejano al Presidente, son cuestiones ya casi provinciales», declaró.
La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta «jefa» de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Ayer, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalía; afirmó que incurrió en «mala praxis» para sostener una «fantasía» y aseveró que la acusación quedó «fulminada» ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.
En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado «en forma documentada» que los fiscales Luciani y Mola «mintieron descaradamente».
Asimismo, invitó a «seguir mirando» la segunda jornada de alegato que presentaban hoy sus abogados y que «continúa con la demolición de la escandalosa acusación» de los fiscales.