Los abogados de Cristina Kirchner hicieron la solicitud frente a la Cámara Federal de Casación
La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy a la Cámara Federal de Casación que confirme la decisión de cerrar por inexistencia de delito, con sobreseimientos y sin juicio oral, la llamada causa «Hotesur-Los Sauces».
«Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, afirmaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en un escrito de 62 carillas al que tuvo acceso Télam.
En las denominadas «breves notas» presentadas ante la sala I del máximo tribunal penal del país, solicitaron que se rechace el recurso de apelación de la fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a todos los imputados sin llegar a la etapa de juicio.
Los argumentos del Ministerio Público Fiscal «carecen de todo sustento lógico y jurídico y, por ende, deben ser desestimados», advirtieron.
Los integrantes de la sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa concretaron a las 12.30 la segunda audiencia virtual para escuchar a las partes, que fue breve porque la mayoría de los agendados para esta fecha presentaron escritos.
De esta manera quedaron en condiciones de resolver si confirman la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que cerró la causa por inexistencia de delito cuando preparaba el juicio.
Ahora, la Cámara Federal de Casación tiene 20 días hábiles para dar a conocer su sentencia.
En su «memorial», los defensores de la ex Presidenta pidieron que «se confirme la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de nuestros representados, por inexistencia de delito».
Los abogados se presentaron por la defensa de la expresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Romina Mercado y de Patricio Pereyra Arandía.
En el escrito se aludió a la aplicación de la ley penal más benigna en materia de lavado de activos hecha por el TOF5 cuando cerró la causa, aunque se descartó que se haya cometido este delito y también se reiteró que hay una «múltiple persecución» penal a la ex Presidenta.
Además, la defensa sostuvo que deben confirmarse los sobreseimientos en base a nueva prueba incorporada.
«Concretamente, nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa “Los Sauces”, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados por Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC en favor de Los Sauces S.A.-sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias», remarcaron.
Esta «prueba nueva también permitió constatar que los hechos» no satisfacen «las exigencias típicas requeridas por el tipo penal previsto en el art. 303 del Código Penal», el lavado de activos.
«Si se tiene en cuenta que todo el dinero aplicado a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y, además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos», concluyeron.
En cuanto a la potestad del Tribunal Oral de resolver no hacer el juicio, los abogados consideraron que si la fiscalía se encuentra facultada para «aplicar criterios de oportunidad no reglados y postular sobreseimientos sin celebrar el juicio oral cuando consideran que los hechos denunciados carecen de relevancia jurídico penal, los jueces que integran Tribunales Orales también se encuentran habilitados para sobreseer a los justiciables sin necesidad de transitar la audiencia de debate si arriban a esa misma convicción».
Por otro lado, cuestionó al fiscal Mario Villar, que en la primera audiencia ante Casación el 10 de noviembre pasado, reclamó revocar los sobreseimientos y ordenar que se realice el juicio oral.
La defensa de la Vicepresidenta aludió a un «proceder irreflexivo de los representantes del Ministerio Público Fiscal, que acomodan líneas argumentativas según conveniencias coyunturales, pretendiendo borrar con el codo lo que ellos mismos escriben con sus manos».
La fiscalía incurrió en «graves y ostensibles contradicciones» y «no se ha precisado, tan siquiera mínimamente, cuáles serían los distintos delitos de lavado de activos que recién ahora, tras el dictado de un sobreseimiento y durante la tramitación de un recurso de casación, son imputados a nuestros representados».
En la causa, el Tribunal Oral sobreseyó a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de «Los Sauces» y «Hotesur», pertenecientes a la familia Kirchner.
Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Ángeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,
El fiscal Villar sostuvo que hubo «arbitrariedad» en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Palliotti- que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.