La Fiscalía de Delitos Complejos hizo la solicitud por 120 días. La medida alcanza a Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze
La Fiscalía de Delitos Complejos solicitó la prisión preventiva por 120 días para cuatro ex directivos de la empresa Vicentin, acusados de liderar una asociación ilícita que habría afectado el patrimonio de la compañía. La medida alcanza a Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, mientras que el resto de los imputados en la causa deberán pagar millonarias cauciones y se les prohibirá cualquier tipo de injerencia en el grupo empresarial.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja pidieron que todos los acusados tengan prohibido el contacto entre sí y que no puedan ocupar cargos ni ejercer influencia en ninguna de las firmas que componen el conglomerado Vicentin, entre ellas Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario (TPR) y Sótano Sur Cotton. Además, se les impuso la prohibición de salida del país.
Para los imputados que seguirán en libertad, la Fiscalía solicitó el pago de una caución de 10 millones de dólares, mientras que a Javier Gazze y Máximo Padoan se les exigió una garantía de 15 millones de dólares.
El avance judicial contra Vicentin
La causa contra los exdirectivos de la agroexportadora se reanudó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, luego de una jornada previa marcada por cruces y demoras. Los investigadores sostienen que los acusados continuaron manejando la cerealera incluso después de su salida formal, afectando el patrimonio de la compañía a través de maniobras fraudulentas. En ese marco, los fiscales adelantaron que ampliarán la acusación por asociación ilícita, presentada originalmente en diciembre de 2023.
Las detenciones se produjeron el fin de semana pasado durante un operativo que incluyó 20 allanamientos. En primera instancia fueron arrestados Buyatti y Gazze, y posteriormente Scarel y Macua. Todos ellos ocupaban cargos jerárquicos en Vicentin al momento del default de la empresa en 2019 y están acusados de engañar a productores y entidades bancarias sobre la situación financiera de la compañía para seguir obteniendo créditos y granos que nunca fueron restituidos