Se trata de un militar retirado que ordenó a un sicario matar a balazos a su ex esposa en la localidad bonaerense de San Miguel
Pese a que uno de sus integrantes propuso absolverlo, el Tribunal de Casación Penal Bonaerense ratificó la pena a un militar condenado a prisión perpetua por haber contratado a un sicario para que en 2015 matara a su exesposa, una peluquera que fue asesinada de cuatro balazos en la localidad bonaerense de San Miguel, informaron hoy fuentes judiciales.
Si bien contó con los votos mayoritarios de los jueces Ricardo Borinsky y Ricardo Maidana, el fallo de la sala III de ese tribunal de alzada tuvo la disidencia de Víctor Violini, quien se pronunció por absolver a Rodolfo Maguna (52) y reducirle a 11 años la pena a Lucas Palacios (22), un soldado que según se dio por probado en el juicio oral fue contratado para ejecutar el femicidio por encargo.
Violini se vio envuelto en una polémica en abril último cuando firmó un habeas corpus para liberar a detenidos debido a la pandemia de coronavirus, medida luego parcialmente revocada por la Suprema Corte de Justicia, aunque por ejemplo fue elogiado al detectar todas las irregularidades en la causa por el crimen de María Marta García Belsunce y absolver al viudo Carlos Carrascosa.
En este caso, se analizó el femicidio por encargo de la peluquera Liliana Gotardo (51), ocurrido a las 19.15 del 22 de octubre de 2015 en Paunero al 1.700 de San Miguel, cuando la mujer cerró su peluquería «Carily» y junto a una empleada cruzó la calle para ir a buscar su camioneta.
Mientras Gotardo se hallaba de espaldas, un joven armado bajó de una moto tripulada por un cómplice y a cara descubierta las miró a ambas, le gritó «Lili» y cuando la comerciante se dio vuelta, le disparó en el pecho cuatro tiros.
El asesino escapó en una moto en la que lo esperaba su cómplice, que llevaba puesto un casco, mientras que la víctima fue trasladada al hospital Larcade, pero murió poco después.
Tras el crimen, se determinó que Gotardo se había separado hacía dos meses de su marido y que semanas antes había hecho una exposición civil para dejar constancia de esto y de que recibía malos tratos.
Por su parte, familiares y amigos de la víctima declararon en el juicio oral que ésta presuntamente sufría abuso sexual, reiteradas agresiones físicas y amenazas del exesposo, quien pese a que ya tenía otra pareja la controlaba de manera permanente, incluso con un GPS que le había colocado en la camioneta y le permitía escuchar sus conversaciones cuando ella manejaba.
Durante el juicio realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de San Martín, tras la acusación del fiscal Ricardo Romero, que además instruyó la causa, Maguna fue condenado a prisión perpetua por «homicidio cuádruplemente agravado, por el vínculo, por promesa remuneratoria, por resultar la víctima mujer en el marco de un contexto de violencia de género, y por el uso de arma de fuego, en calidad de instigador».
Palacios recibió la misma pena, mientras que otro soldado que había llegado a juicio acusado de ser quien manejaba la moto y de haber realizado tareas de inteligencias previas al femicidio fue absuelto por falta de pruebas.
En la apelación, los abogados de Maguna consideraron que la sentencia «se fundó en una prueba escasa, basada en una investigación pobre, tergiversada, dubitativa y errática», lo que Violini compartió.
«Si bien el enjuiciado puede haber ejercido distintos tipos de violencia sobre su esposa durante su vida en común (…), de allí a afirmar que la haya asesinado por intermedio de terceras personas bajo promesa remuneratoria, hay un extenso campo que se encuentra huero de fundamentación», afirmó en el fallo al que accedió Télam.
Si bien en el motorhome en el que Maguna vivía en la guarnición de Campo de Mayo se secuestraron 50.000 pesos y 20.000 dólares, los cuales para la fiscalía estaban destinados al pago del sicario, Violini estimó que «bien podría haberse llevado el efectivo como previsión» de la separación reciente o «ser ahorros de su peculio que quería tener bajo su esfera de custodia.
Pese a que el magistrado admitió «la carencia de respuesta de por qué mataría Palacios a Liliana Gotardo», estimó que «no se puede poner ese interrogante en cabeza de Maguna para achacarle un homicidio agravado».
En el acuerdo, propuso absolver a Maguna e imponer 11 años de prisión a Palacio por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero los otros dos jueces se manifestaron en contra.
Borinsky, en tanto, remarcó que en el juicio quedó «sobradamente probado, en primer lugar, que el imputado ejercía distintos tipos de violencia sobre su esposa desde hacía mucho tiempo antes de que se produjera su muerte, destacándose entre ellas la de tipo psicológico, por medio de la cual pretendía dirigir su vida en los aspectos económico, personal y social».
También sostuvo que efectuaba «un férreo control del dinero que ganaba fruto de su trabajo diario» y «la denigraba como mujer, lo que se había incrementado en el último tiempo (…) como consecuencia de una supuesta relación de la víctima con un amigo y que terminó por transformarse en el detonante del homicidio a través de terceros».
Citó varias declaraciones relevantes: la propia hija del matrimonio, Florencia Maguna, resaltó en la audiencia que la familia pensaba que había sido su padre el homicida porque maltrataba a su madre y que ésta les decía a todos: «Si a mí me matan ya saben quién fue».
La joven también relató que su madre le contó que un día se estaba bañando y al girar vio que Maguna le estaba apuntando con el arma sin mediar palabra y que había sacado un seguro de vida en el último tiempo para que «no le faltara nada» si a ella le pasaba algo.
Incluso un militar compañero de trabajo de Maguna declaró que poco antes del femicidio que éste le dijo que «tenía miedo de hacer una cagada» y que, a su entender, iba madurando en su cabeza la idea de acabar con la vida de su esposa, aunque sin «ensuciarse las manos».