El candidato presidencial ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, minimizó hoy el informe de la CIA sobre la ejecución de opositores ordenada por el presidente de facto Ernesto Geisel durante la dictadura brasileña. El diputado y ex capitán del ejército afirmó: «¿Quién nunca le pegó a un hijo y luego se arrepintió?»
Bolsonaro, que marcha segundo en las encuestas detrás del detenido ex presidente «Lula» da Silva, reivindica a la dictadura militar y ahora puso en duda la veracidad del informe de la central de inteligencia estadounidense. El mismo se envió en 1973 a Washington y trata sobre la autorización de Geisel para seguir ejecutando a opositores, tras la ejecución de 104 personas que había realizado el régimen.
«Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA que hizo el informe: ¿Cuántas veces uno dice, ‘te voy a matar, te voy a cagar a trompadas’? Este agente de la CIA debe haber escuchado una conversación así e hizo el informe. Pero me pregunto: ¿Dónde están los 104 muertos?», dijo Bolsonaro a una radio de Minas Gerais.
El informe de la CIA rescatado de los archivos del Departamento de Estado pusieron por primera vez con documentación que los dictadores de Brasil que gobernaron entre 1964 y 1985 sabían y eran los que autorizaban los asesinados de opositores, a los que calificaban como subversivos. Bolsonaro interpretó que la divulgación del informe por parte del historiador Matías Spektor, investigador de la Fundación Getulio Vargas, es para frenar su candidatura.
El dirigente ultraderechista recordó que ahora el grupo Globo, el conglomerado de medios más importante del país, apoyó el golpe de 1964 que destituyó al presidente Joao Goulart. Según la Comisión de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff y que cesó sus trabajos en 2014, en el período posterior al cable de la CIA hubo 80 opositores asesinados, informó hoy el diario O Globo, basado en las nuevas revelaciones.
El presidente de la comisión de la verdad, Pedro D’Alari, afirmó que el cable de la CIA «es terrible y es hora de que las Fuerzas Armada asuman su responsabilidad institucional». La comisión acusó a 377 agentes militares, policiales y civiles por crímenes contra la humanidad, aunque no pueden ser juzgados porque está en vigor la Ley de Amnistía de 1979.