El gobierno nacional anunció esta noche que Francisco Cabrera y Juan José Aranguren dejaron de ser los ministros de Producción y de Energía, respectivamente, apenas horas después de que se fusionaran las carteras de Hacienda y Finanzas en concordancia con la salida de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central.
Según se informó de manera oficial, el economista Dante Sica asumirá al frente del Ministerio de Producción y el hasta ahora administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, será el nuevo titular de la cartera de Energía.
En un comunicado de prensa del Gobierno nacional se indicó este sábado por la noche, además, que la Secretaría de Minería pasará a depender del Ministerio de Producción.
Por consiguiente, se desdoblarán las áreas de Energía y Minería que convivían en el Ministerio a cargo de Aranguren hasta este momento.
Cabrera, por su parte, será designado como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del presidente Mauricio Macri.
Esta decisión del gobierno que encabeza Mauricio Macri se conoció apenas horas después de que se fusionaran los Ministerios de Hacienda y Finanzas, con Nicolás Dujovne a la cabeza, y que Luis Caputo pasara a ocupar el rol de presidente del Banco Central en reemplazo de Sturzenegger.
En este sentido, los cambios en el Gabinete suponen, a priori, un fortalecimiento de la posición de Dujovne como cabeza del equipo económico de la administración macrista, en momentos en los que la Argentina acaba de sellar un acuerdo «stand-by» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de dólares en un lapso de tres años.
El Gobierno suscribió este convenio con el FMI en busca de calmar las aguas turbulentas del mercado cambiario doméstico, donde el dólar subió 50,2% en lo que va del año e incluso rozó los 29 pesos por unidad para la venta en la «city» porteña el viernes pasado, incluso después de la salida de Sturzenegger del sillón presidencial del Banco Central.
La figura de Aranguren, en especial, se había desgastado en los últimos meses después de los sistemáticos aumentos en las tarifas de servicios públicos autorizados por el Gobierno, impulsados en el marco de un plan más amplio y ambicioso a los efectos de acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal, tras un pedido expreso al respecto del FMI.