El director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipbic), Rubén Fabrizio, afirmó hoy que “el poder de compra del Estado es clave en el desarrollo industrial”, al celebrar la sanción de la reforma de la Ley de Compre Argentino.
“La utilización del poder de compra del Estado es un factor clave del desarrollo industrial”, indicó Fabrizio a Télam, al tiempo que subrayó que “son necesarias políticas activas para la generación de empleo de alta calificación”.
El Congreso convirtió la semana pasada en ley la reforma de Compre Argentino, que les otorga prioridad a las pequeñas y medianas empresas en las compras que realice el Estado que, a su vez, deberá privilegiarlas cuando haya diferentes ofertas y el margen no supere el 15%.
“Hemos visto con beneplácito la aprobación unánime en el Senado del proyecto de ley sobre Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores”, señaló Fabrizio, quien puntualizó que “si bien las políticas de compras públicas tienen larga data, ya bien entrado el siglo XXI siguen siendo una herramienta clave para el fomento de la innovación”.
El proyecto prevé que cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en compras superiores a los $ 240 millones, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación productiva que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales, por al menos un 20% del valor total del contrato.
El director ejecutivo de la Cámara destacó que “así lo entienden todos los países desarrollados, es un tipo de política pública que hace hincapié en que la innovación es traccionada por la demanda, actuando como catalizador de la innovación y el desarrollo”.
“Es clave entender que este tipo de legislación tiene amplia aceptación en el mundo desarrollado ya que no se violan las normas multilaterales del comercio, habiendo completa libertad para su diseño y ejecución”, afirmó Fabrizio.
Sostuvo que “luego de la aprobación definitiva por el Poder Legislativo, es muy importante el trabajo que debe realizarse sobre la reglamentación de la ley para garantizar el cumplimiento de estos objetivos”.
La norma también aumenta los márgenes de preferencia vigentes para los oferentes de bienes de origen nacional de 7% a 15% para las mipymes y cooperativas, y de 5% a 8% para las grandes empresas.
También establece una reserva de mercado en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $ 1,3 millones, en el caso de bienes, o de $ 100 millones, en obra en vivienda y edificios públicos, en favor de pymes oferentes.
También incluye un mecanismo de mejora de oferta en favor de las pymes, para compras de bienes de la Administración Pública Nacional menores a $ 20 millones.