En ese sentido, la titular de la Cámara, Verónica Eizmendi, pidió "mayor celeridad en los ajustes de costos, volver a aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra"
La Cámara de la Construcción de Santa Fe le solicitó una serie de acciones al Gobierno provincial ante la paralización de la obra pública, entre ellas una actualización de los contratos y disminuir los tiempos de los pagos, ya que esta semana se están cancelando obligaciones de octubre pasado.
En ese sentido, la titular de la Cámara, Verónica Eizmendi, pidió «mayor celeridad en los ajustes de costos, volver a aplicar el índice provisorio del Indec durante el mes de ejecución de la obra, porque si no las empresas tienen que absorber un mes de costos que con una inflación del 30% es imposible; y el pago a 30 días».
Mediante un comunicado, la empresaria planteó que la obra pública provincial está paralizada, salvo las que «son una prioridad, como por ejemplo las hídricas», a lo que sumó que no se están ejecutando las del orden nacional.
Eizmendi contó que ya hubo reuniones con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, «con el área de seguimientos, en busca de soluciones a estos temas, principalmente cómo solucionar las deudas, cómo llegar a un nuevo valor de la obra para que se pueda ejecutar y cómo reiniciarlas y continuarlas».
«En muchas obras al día de hoy están comenzando a abonar el mes de octubre, pero los contratos se han deteriorado y necesitan una renegociación, porque no se puede continuar tal cual están y es lo que ha provocado la paralización de obras provinciales, ya sea las que se realizan con fondos provinciales como las que se hacen con fondos nacionales, que son las que peor se encuentran», añadió.
Además, planteó que se debe «llegar a un consenso entre las empresas y el Gobierno en una instancia de trabajo conjunto que seguramente se realizará pidiendo la neutralidad de las obras, esto quiere decir que se paren por un tiempo determinado para luego retomarse cuando todo esté solucionado, para evitar otra vez las moras o multas».
Sobre las obras públicas provinciales, Eizmendi dijo que «la mayoría está frenada, excepto aquellas que son una prioridad, como por ejemplo las hídricas, como la construcción o renovación de las defensas».
«Lo que hemos pedido en las últimas reuniones por nuestra parte es tener 45 días para que las empresas puedan estudiar sus obras, y así llevarle a los responsables de cada una de las reparticiones los pedidos necesarios para poder encaminarlas y llegar a un acuerdo entre las partes», concluyó.