El pedido expreso fue ante la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe. Hasta ahora los tribunales de Reconquista fueron los que se encargaron del caso
El pedido expreso fue ante la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe. Hasta ahora los tribunales de Reconquista fueron los que se encargaron del caso
El presidente y el vicepresidente de la Caja Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, Juan Manuel Costantini y Marcelo Casal, presentaron este miércoles un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe solicitando que el concurso de acreedores de Vicentin Saic se tramite en los Tribunales de Rosario y no en Reconquista, aduciendo que la empresa tiene sus principales oficinas y realiza la gran mayoría de sus operaciones en esta ciudad y, además, los reclamos por cobro de créditos también han sido entablados en juzgados rosarinos.
La institución, que se encarga de proteger los honorarios y brindar cobertura de salud a los profesionales del derecho, aseguró que de esta manera busca resguardar los intereses de los abogados y procuradores de la ciudad de Rosario y la zona en cuestión. “Nos vemos en la obligación de formular el presente planteo formal para que arbitren los medios necesarios a fin de evitar un perjuicio irreparable de gran magnitud para los profesionales del derecho, acreedores (mayormente pequeños y medianos productores) e instituciones de la ciudad de Rosario y su región”, señaló el texto.
El requerimiento de Caja Forense se sustenta en la doctrina del domicilio real. La institución resaltó que Vicentin tiene gran parte de los contratos concertados en Rosario y registrados en la Bolsa de Comercio de esta ciudad.
“Resultaría arbitrario e irrazonable que un concurso de acreedores de una empresa de la envergadura de Vicentin Saic se traslade al fuero civil de Reconquista, cuando casi la totalidad de los acreedores, operaciones e intereses vinculados al giro comercial de la empresa concursada se encuentran en Rosario y su región”, argumentaron Costantini y Casal, quienes reiteraron que “la ciudad de Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe se verían discriminados y perjudicados si el poder económico que viene influyendo sobre las últimas decisiones jurisdiccionales logra vencer el sano funcionamiento de las instituciones”.
Por otra parte, Caja Forense también aduce que las empresas de corretaje de granos que intermedian con Vicentin están asentadas en Rosario, al igual que la mayor cantidad de acreedores, que son de la ciudad o zonas aledañas.
Como confirmación de ello, la Caja alega que la mayor cantidad de reclamos por cobro de créditos han sido entablados en Rosario (a través del Poder Judicial o la Bolsa de Comercio de Rosario) y no en Reconquista. Y explica que tramitar la causa en los juzgados rosarinos implicaría asegurar “a todo aquel que pretenda acudir a la Justicia asegurar un juez natural que admita la petición sin necesidad de trasladarse cientos de kilómetros”.
En ese sentido, exhortó: “No debería admitirse ni naturalizarse que las consecuencias jurídicas del proceso sean exportadas ni digitadas a un sitio ajeno o distante del núcleo central de los negocios”.
Finalmente, el presidente y vicepresidente de la Caja Forense indicaron en su presentación al Máximo Tribunal que la institución que conducen “vela por la defensa gremial del honorario, el adecuado control de cumplimiento de los aportes y la protección de los honorarios de abogados y procuradores en todas las causas en las que intervenga en la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial” y consideraron que “prorrogar la competencia hacia otras jurisdicciones significa renunciar al control, apartar a los acreedores de sus jueces naturales y resignar el control de los aportes y la fiscalización de los honorarios, lesionándose igualmente el derecho constitucional del aporte profesional garantizado por el artículo 122 de la Constitución Nacional”.