El Jefe de Gabinete se refirió a lo que viene y habló de la polémica sobre las supuestas liberaciones de presos. "No las vemos con buenos ojos", expresó
El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, ratificó hoy la continuidad del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) establecido por la pandemia del coronavirus y negó que vayan a producirse cambios de ministros o funcionarios en lo inmediato.
Cafiero anunció que mañana se reunirá con el gabinete económico «para darle continuidad al IFE para cubrir el mes de abril», con el fin de «abonarlo en mayo».
En el encuentro estará la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, quien fue designada por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Alejandro Vanoli, informó Cafiero en declaraciones radiales.
Consultado sobre si hay planeados nuevos cambios de funcionarios, y especialmente en el gabinete de ministros, contestó: «No, no, vamos a seguir trabajando fuertemente, que es el compromiso del Presidente; no existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio en algún otro sector; se viene trabajando bien, se exige mucho y todos los ministerios están trabajando a destajo».
Además, Cafiero negó injerencia del gobierno en las decisiones judiciales y reiteró que la administración de Fernández no pidió la liberación de ex funcionarios condenados por delitos de corrupción ni está de acuerdo con excarcelaciones y prisiones domiciliarias de acusados y sentenciados por delitos graves.
«El gobierno no pidió la domiciliaria ni la libertad de nadie; ni de (el ex secretario de Transporte Ricardo) Jaime, ni de (el ex vicepresidente Amado) Boudou. Fueron recursos de las defensas y los que terminan definiendo son los jueces, no tenemos injerencia», abundó.
El funcionario sostuvo que «tampoco vemos con buenos ojos las libertades o prisiones domiciliarias que se estaban dando» y resaltó que «el Poder Judicial tomó nota de la ligereza» con la que estaba actuando.
Asimismo, repudió que «un sector de la oposición trató de vincular las decisiones judiciales con el gobierno», lo que calificó de «canallada y mezquindad» y una forma de «hacer politiquería con una vinculación totalmente falsa».