Los casos de muerte por sobredosis se duplicaron en los últimos dos años al punto que una persona muere cada 36 horas por consumo de estupefacientes en Argentina. Es por ello que se advirtió sobre la necesidad de mayor inversión en programas preventivos, informó este viernes en un comunicado el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Ante ese panorama, Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores.
En ese sentido, explicó que el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que 2 de cada 10 muertes de personas de entre 15 y 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes.
Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, el 69,4% y una tasa bruta de 77 cada 100.000 habitantes, frente al 30,6% de defunciones femeninas, una tasa bruta de 33,3 casos cada 100.000 habitantes.
«Uno de los datos más alarmantes es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015», agregó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio.
Martello sostuvo que «el Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales».
Teniendo presente que entre 2011 y 2018 se iniciaron en la Justicia Federal unas 65.492 causas por tenencia para consumo personal, se puede determinar que el Estado nacional gastó cerca de 655 millones de pesos durante ese período. En tanto, si también se toman como referencia las estadísticas informadas por el Ministerio Público bonaerense, el costo que tuvo que afrontar la Provincia ascendió a más de $1.048 millones en ese mismo período.