La provincia más grande del país formalizó este viernes la adhesión a la medida impulsada por el Ministerio de Salud nacional tras el cambio de gobierno
La provincia más grande del país formalizó este viernes la adhesión a la medida impulsada por el Ministerio de Salud nacional tras el cambio de gobierno
La provincia de Buenos Aires adhirió hoy al «protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» que lanzó el Ministerio de Salud nacional días después del cambio de Gobierno.
El acto para la firma del protocolo se realizó en la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense y fue encabezado por el titular de esa cartera, Daniel Gollán, y su par de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.
De esta manera, la provincia de Buenos Aires se sumará a la de Santa Fe, que el pasado miércoles había oficializado la adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que publicó el ministro de Salud nacional, Ginés González García, el pasado 13 de diciembre.
El texto oficial apunta a los casos de aborto no punible previstos desde 1921 en el Código Penal: si se realiza «con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios» o «si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente», reza el artículo 86.
«Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria», señaló Gollán.
Por su parte, Díaz remarcó que la adhesión de la provincia de Buenos Aires servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo que ya están contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2. «Estamos hablando de una legislación del año 1921, centenaria, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación», precisó la ministra.
Respecto de la objeción de conciencia, la ministra de Mujeres explicó que ya estaba contemplada en protocolos previos y detalló que en esta nueva guía impulsada por el ministro de Salud nacional, Ginés González García, «queda claro que es un derecho individual» pero que las instituciones deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso al aborto.
Los ministros aseguraron que los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires tienen los recursos y el personal para llevar a cabo los procedimientos contemplados en el protocolo, aunque reconocieron que «hay lugares donde hay barreras indebidas al acceso».
Por otra parte, Gollán señaló que «está la otra gran discusión que es la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que en algún momento tendrá que darse», al tiempo que pronosticó que «no va a pasar mucho tiempo para ese debate en el Congreso».
Díaz señaló, además, que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, «estaba muy contento con esta primera resolución, porque era una deuda pendiente con las mujeres y con las personas gestantes de la provincia de Buenos Aires».