El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, fue condenado hoy a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero en el contexto de la investigación del Lava Jato.
Lula, que llegó a la presidencia (2003-2010) de la mano del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), ya cumple condena desde abril pasado por otro caso de corrupción, después de que la Justicia dio por comprobado que recibió un departamento en una playa de San Pablo a cambio de sobornos.
Tras conocerse la nueva condena, el PT afirmó que, en la memoria del pueblo, Lula «siempre será mayor que sus verdugos». «La persecución contra Lula no para», aseveró la presidenta del PT, la diputada federal Gleisi Hoffmann, en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Además, denunció que esta segunda sentencia, que puede ser apelada, llega «exactamente cuando crece la posibilidad de Lula» de ser premio Nobel de la Paz, cuya candidatura promueve el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.
En este nuevo caso, Lula fue hallado culpable de ser favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con obras hechas en una propiedad rural que frecuentaba, ubicada cerca del municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo.
La jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó a Sergio Moro, impulsor de todas las causas contra Lula, avaló la versión de la fiscalía. Ésta había acusado al ex mandatario de beneficiarse de las obras realizadas en la casa de campo.
A perseguição a Lula não para. Uma segunda condenação a jato foi proferida, exatamente quando cresce a possibilidade de Lula ser Nobel da Paz. Na memória do povo e na história, Lula será sempre maior do que seus carrascos#LulaLivre
— Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) February 6, 2019
Hardt condenó en esta causa, además, a los empresarios Marcelo Odebrecht (a cinco años y cuatro meses), Emilio Odebrecht (a tres años y tres meses), y Leo Pinheiro, ex presidente de OAS (a un año y siete meses).
También recibieron penas el dueño del inmueble, Fernando Bittar, el responsable de las obras, José Carlos Bumlai, y cuatro personas más.
Al ser interrogado en noviembre pasado, Lula aseguró que nunca pidió las obras en la casa de campo con las que supuestamente fue beneficiado irregularmente, aunque admitió que acudía con frecuencia a ese inmueble.
El pago de las obras en la propiedad por parte de Odebrecht fue revelado en enero de 2016 por el diario Folha de Sao Paulo.
Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, cedió temporalmente la propiedad al ex presidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en el lugar por parte de empresas que fueron favorecidas en su gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
«Es un hecho que la familia del ex presidente era una frecuentadora asidua el inmueble, así como que lo usufructuó como si fuera una donación», escribió Hardt en la sentencia.
Para los fiscales, Lula «capitaneó un esquema criminal» y, «de modo consciente y voluntario», ocultó el origen del dinero usado para las obras de ampliación de la propiedad.
Según un informe de la policía, los gastos ascendieron a 1,26 millones de reales (unos 340.000 dólares). Lula está preso desde abril pasado en Curitiba tras ser hallado culpable de haber recibido un departamento en Guarujá que fue reformado por la empresa OAS.
El ex mandatario está recurriendo esta sentencia en tercera instancia. En julio de 2017, Moro, quien se apartó del caso y luego renunció para asumir como ministro de Justicia del gabinete del presidente Jair Bolsonaro, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión.
Pero la pena fue elevada a 12 años y un mes por un tribunal de apelaciones. La condena impidió a Lula, de 73 años, presentarse a las elecciones que ganó Bolsonaro el año pasado, y para las que tenía la mayor intención de voto en los sondeos.
El ex presidente brasileño ha rechazado haber cometido delito alguno y dijo que su primera condena fue parte de una persecución política orquestada por Moro y el gobierno del ex presidente Michel Temer, con el fin de que no ganara los comicios.