El ex ministro y dirigente sindical, Luiz Marinho, afirmó este sábado que las presiones del Ejército hacia la Corte Suprema de Justicia son el “interrogante” frente a una eventual liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde el 7 de abril pasado por presunta corrupción.
“Esperamos que los militares no interfieran en las instancias para liberar a Lula. De hecho existe el interrogante sobre cuál será el rol de los militares hacia lo que venga del caso Lula”, dijo Marinho, ex ministro de Trabajo, ex presidente de la Central Única de Trabajadores y ex candidato a gobernador de Sao Paulo por el Partido de los Trabajadores (PT).
Unas 100 ciudades esperan movilizaciones este domingo para pedir por la libertad de Lula, condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato, en sentencia proferida por el ex juez Sérgio Moro -actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro- y la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre.
Marinho fue fundador del PT al lado de Lula, a quien conserva como uno de sus mejores amigos, y ambos fundaron la CUT y comandaron el sindicato de metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, cuya sede, hace un año, fue el lugar donde Lula esperó su detención, rodeado de 20.000 simpatizantes.
La referencia de Marinho a los militares durante su entrevista fue a un mensaje por Twitter “contra la impunidad” en la Corte Suprema, hecho en marzo de 2018 por el entonces jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, horas antes de que el Supremo Tribunal Federal debiera tratar un habeas corpus sobre Lula. El habeas corpus fue rechazado y Villas Boas se transformó en asesor especial de Bolsonaro, con una oficina en el Palacio del Planalto.
“Los militares impidieron la libertad de Lula con sus amenazas y pronunciamientos frente al juzgamiento de Lula. Nos queda la esperanza de que este proceso sea revisado y Lula puesto en libertad” dijo Marinho.
El dirigente y fundador del PT estuvo con Lula en las últimas horas en libertad, en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, donde se negoció la entrega ante el pedido de prisión, el primero de un ex presidente de Brasil por corrupción.
“Lula es un perseguido político, lo es desde su origen, que estaba condenado a la sequía y al hambre, fue preso en la dictadura, y ahora vemos que hubo una planificación detallada para sacarlo del juego político a través de una condena sin pruebas y anticonstitucional”, afirmó Marinho.
El PT considera a Lula preso político por el caso de la adquisición de un departamento en Guarujá, que según la Fiscalía fue un soborno de la empresa OAS, pero el juez Moro en su sentencia admitió que no existen vinculaciones entre el inmueble con los desvíos de Petrobras.
La sentencia confirmada por la Cámara de Porto Alegre impidió a Lula presentarse a las elecciones ganadas por Bolsonaro, en las cuales era el favorito en las encuestas.
“Moro lo condena por hechos indeterminados, en una persecución implacable. Yo personalmente confío en la revisión del mérito del caso que debe hacer el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), máxima corte penal antes del supremo tribunal)”, dijo Marinho. Según Marinho, el caso de Lula generó “inseguridad jurídica e inseguridad democrática” en Brasil.
Además, el dirigente sindical y ex ministro celebró que “las cortes superiores le comenzaron a poner frenos al Lava Jato”, en referencia al régimen excepcional con el que gozó desde 2014 la operación anticorrupción, en cuanto a prisiones preventivas en busca de delaciones premiadas y autonomía en relación a la jurisdicción y competencia para investigar desde la ciudad de Curitiba.
“Necesitamos a Lula libre para poder liderar la oposición”, dijo Marinho. Parte de la defensa del PT confía en una prisión domiciliaria. Lula se encuentra detenido en una sala de la Policía Federal de Curitiba, de donde salió una vez, el mes pasado, al funeral de su nieto Arthur.