El ex vicepresidente Amado Boudou ingresó a un pabellón muy particular del penal de máxima seguridad de Ezeiza, que comparte con los ex secretarios José López y Ricardo Jaime, el empresario Cristóbal López, el ex sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina y otros acusados en causas por narcotráfico.
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que refuerce la seguridad de José López, luego de que asegurara este viernes que temía por su vida y por la de su familia al declarar por presunto enriquecimiento ilícito.
Boudou y su socio Núñez Carmona fueron condenados el martes a cinco años y diez meses de prisión y a cinco años y seis meses, respectivamente, por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y el Tribunal Oral Federal 4 dispuso en ese mismo instante sus detenciones a pesar de que la sentencia no está firme.
El ex vicepresidente presentará a través de sus abogados una seria de recursos en el Tribunal para intentar lograr la excarcelación, algo que ya le fue rechazado a Núñez Carmona el pasado jueves.
Ambos ingresaron al penal de Ezeiza a través del Hospital Penitenciario Central y ahora fueron derivados de manera conjunta a un pabellón en el que ya hay otros ex funcionarios kirchneristas detenidos por causas de corrupción.
Boudou y su amigo ahora comparten pabellón con el ex secretario de Transporte Jaime, los empresarios Cristóbal López y su socio Fabián De Souza, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex líder de la UOCRA platense «Pata» Medina (detenido por asociación ilícita y extorsión) y Natividad Terán, el ex intendente de Itatí detenido por narcotráfico, entre otros.
Todos están ingresados en el sistema IRIC, un programa especial diseñado por el Servicio Penitenciario Federal para los detenidos que tienen poder económico y grado de influencia, a fin de evitar que puedan tentar a agentes penitenciarios para que se corrompan.
Mientras se reacomodaban los detenidos en el penal, José López dijo este viernes al declarar que evitaba dar los nombres de quienes serían los dueños de los bolsos con 9 millones de dólares que le encontraron en el convento de General Rodríguez, para preservar su seguridad y la de su familia.
El presidente del Tribunal 1 le ofreció a López reforzar la custodia en el penal y la de su familia: su esposa María Amalia Díaz, también investigada por enriquecimiento ilícito, y sus hijas.
López rechazó el ofrecimiento aunque terminada la audiencia mantuvo en un encuentro con su defensora oficial, Pamela Bisserier, en la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de los tribunales y fue ella quien pidió que se reforzara la seguridad en los traslados del detenido desde el penal de Ezeiza hacia los tribunales de Comodoro Py.
Así fue que, por oficio, el Tribunal 1 le encomendó al Servicio Penitenciario Federal que efectivamente refuerce la seguridad en los traslados, en tanto que María Amalia Díaz comunicó que se mudará por un tiempo al sur del país tras detectar movimientos extraños al domicilio que ocupa actualmente en la Capital Federal.