El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció hoy que revisará las indemnizaciones que el Estado paga a las víctimas de la dictadura militar (1964-1985), régimen que el jefe del Estado reivindica.
En un mensaje por Twitter, Bolsonaro dice que revisará los beneficios a «las víctimas de la dictadura», algo que podría afectar incluso a la ex presidenta Dilma Rousseff, presa política durante casi tres años y torturada durante 23 días seguidos.
«Siguiendo la determinación de transparencia y responsabilidad con los recursos públicos, prioridad de nuestro gobierno (…) se realizará una auditoría de los beneficios sospechosos concedidos a ‘víctimas de la dictadura’ por la Comisión de Amnistía», dijo el presidente en Twitter.
La comisión de Amnistía fue creada en 2001 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para cumplir el artículo de la Constitución de 1988 que obliga al Estado a reparar económicamente a las víctimas del régimen de facto brasileño, una dictadura que hoy es reivindicada por Bolsonaro y gran parte de su gobierno.
En Brasil no hubo juicios a los responsables de violar derechos humanos durante la dictadura a raíz de la Ley de Amnistía de 1979, avalada por la Corte Suprema en 2009.
La ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia, Damares Alves, una pastora evangélica, será la encargada de revisar estas indemnizaciones pero el foco estará en un pedido pendiente de la ex presidenta Dilma Rousseff.
«La tendencia es no reconocer eso», dijo la ministra el 31 de enero sobre el pedido pendiente de Rousseff.
Militante del grupo de resistencia a la dictadura Var-Palmares, Rousseff fue presa política y torturada en Río de Janeiro y Minas Gerais.
La ex presidenta recibió una indemnización por parte de los gobiernos estaduales de Rio y de Minas Gerais y los donó al grupo Tortura Nunca Más, pero aún tiene el derecho constitucional de recibir la indemnización del gobierno federal.
Rousseff dijo que nunca cobró indemnización porque desde 2003 que ocupa cargos públicos porque lo consideraba «indebido».
«Este gobierno -escribó en una carta el fin de semana- trata a los adversarios como enemigos y desconoce la Comisión de Amnistía del Gobierno federal».
Rousseff, quien hoy no tiene cargos públicos tras haber perdido la elección de octubre a un escaño en el Senado, calificó el caso de intentar desconocer su situació como una «persecución política».
«Después de haber sido destituida en 2016 por un vergonzoso golpe de Estado apoyado en un fraudulento impeachment, decidí pedir, sin obstáculos de orden ético, a lo que tengo derecho. Reafirmo haber sido víctima de la tortura como centenas de otros jóvenes y viejos militantes de izquierda».
La ex presidenta tuvo choques con los militares durante su gestión porque ella impulsó la Comisión de la Verdad, que investigó los delitos de civiles y militares durante el régimen de facto aunque sin repercusiones en el ámbito penal.
Es en ese marco que el hoy vicepresidente Hamilton Mourao, general del Ejército, fue pasado a retiro anticipadamente en 2015 por haber roto la jerarquía y cuestionado la investigación sobre los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.