El Movimiento del ex presidente boliviano Evo Morales impulsará un proyecto de ley para "proteger" a dirigentes que han desatado la nueva ola de protestas contra el Gobierno por el aplazamiento de las elecciones generales
El Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex presidente boliviano Evo Morales impulsará un proyecto de ley para «proteger» a los dirigentes que han desatado la nueva ola de protestas contra el Gobierno de facto por el aplazamiento de las elecciones generales al 18 de octubre, a los que considera víctimas de una persecución política, publica hoy la prensa local.
«Vamos a realizar un proyecto de ley que (…) va a proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia», anunció ayer el diputado del MAS Édgar Montaño en una rueda de prensa.
Se trata de una ley necesaria porque los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otras organizaciones afines al MAS que están detrás de las protestas son objeto de una persecución política, afirmó Montaño.
«Por eso es que la Asamblea Legislativa ha tomado acciones importantes para que se puedan proteger los derechos constitucionales que tienen los dirigentes y el pueblo boliviano», sostuvo, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias ABI.
La propuesta del MAS, que tiene la mayoría parlamentaria, suscitó el rechazo de los aliados del Gobierno de facto de Jeanine Áñez en el Congreso.
«Los ‘masistas’ están queriendo salvarse con una ley para tener impunidad», advirtió el diputado de la oficialista Unidad Demócrata Luis Felipe Dorado.
Las protestas comenzaron a finales de julio, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que las elecciones presidenciales y parlamentarias se postergaban por segunda vez hasta el 18 de octubre por los efectos devastadores de la pandemia de coronavirus.
Los comicios fueron convocados con el acuerdo de todas las partes para el 3 de mayo, y luego fueron aplazadas hasta el 6 de septiembre, pero ante el avance de la pandemia, que en Bolivia supera los 100.000 casos positivos y las 4.000 muertes, fueron aplazadas nuevamente para el 18 de octubre, por decisión unilateral del TSE.
Esto generó una ola de protestas, con cortes de ruta y enfrentamientos por parte de la COB y organizaciones sociales afines al MAS, que denunciaron una maniobra para impedir que el candidato masista, Luis Arce, ganara las elecciones.
Pero finalmente a fines de la semana pasada hubo acuerdo, aunque sectores radicalizados mantienen algunos cortes.
Según el Ejecutivo, los bloqueos han provocado decenas de muertes porque han impedido que los suministros médicos, entre ellos oxígeno, lleguen a los centros de salud en pleno auge de los contagios.
«Los masistas están queriendo salvarse con una ley para tener impunidad por todas las muertes que han ocasionado. (…) Ha habido muertes en Oruro y La Paz porque no llegó el oxígeno, ¿de quién fue la culpa? de los bloqueadores, y por eso aquí debe haber sanciones», reclamó Dorado.
En rigor, los manifestantes aseguraron que los insumos médicos estuvieron en todo momento exceptuados de las protestas y podían atravesar los cortes, e incluso mostraron videos con esas imágenes.
Por su parte, el viceministro de Interior, Javier Issa, explicó que el Gobierno optó por no intervenir para acabar con los bloqueos porque, según información de Inteligencia, había personas armadas entre los manifestantes.
«Hemos preferido evitar la confrontación, ya que Inteligencia informó de que al interior de los grupos había gente armada», contó Issa en Bolivia TV.
«Se vio en videos que tenían fusiles de última generación y hubiera sido baño de sangre», aseveró, de acuerdo con el diario local ‘El Deber’.
Estas elecciones son clave para superar la crisis política que desataron los anteriores comicios del 20 de octubre de 2019. Morales fue forzado a dimitir y se exilió, primero en México y desde diciembre en Argentina, mientras Jeanine Áñez asumía la presidencia interina en una sesión irregular de la Asamblea Legislativa casi desierta.