Mientras el oficialismo impulsa llevar la punibilidad a los 13 años, especialistas y jueces advierten que la discusión debe ser integral y acompañada por un sistema de reinserción, garantías y políticas públicas para adolescentes en conflicto con la ley
La decisión del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso volvió a encender un debate sensible: la baja de la edad de imputabilidad y la reforma del régimen penal aplicable a menores. En ese marco, conviven miradas divergentes entre quienes impulsan una reducción de la edad y quienes advierten que el problema central no pasa solo por un número, sino por la falta de un sistema moderno, especializado y con enfoque integral.
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, sostuvo que Argentina continúa regida por la ley 22.278, sancionada en 1980, a la que definió como “desactualizada” y alejada de los estándares internacionales. En diálogo con Cadena 3 Rosario, planteó que la discusión sobre imputabilidad debe ser parte de una transformación más amplia del sistema penal juvenil, que otorgue seguridad jurídica, previsibilidad y respuestas acordes a los compromisos asumidos por el país en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para Borinsky, la edad de responsabilidad penal es un aspecto relevante, pero insuficiente si no se define qué hará el Estado con los jóvenes que ingresen al sistema. En ese sentido, remarcó la necesidad de políticas públicas orientadas a la reinserción social, con educación, formación laboral, atención psicológica y programas culturales, deportivos y de salud. También subrayó que el esquema futuro debe diferenciar entre delitos gravísimos —como homicidios, abusos sexuales, crimen organizado o narcotráfico— y hechos de menor entidad, donde deberían priorizarse salidas alternativas, mediaciones y mecanismos restaurativos.
En la vereda opuesta, el oficialismo impulsa una baja concreta de la edad de imputabilidad. El proyecto que promueven las carteras de Seguridad y Justicia propone reducirla de 16 a 13 años e incorporar a los adolescentes a un régimen penal especial. El abogado penalista Fernando Soto, asesor del oficialismo, explicó que el objetivo es que los menores que cometan delitos graves puedan ser investigados, juzgados y eventualmente condenados, algo que hoy no ocurre con los menores de 16.
Soto argumentó que la iniciativa busca “fomentar la responsabilidad legal del adolescente”, pero también su educación, resocialización e integración social, incorporando principios como debido proceso, derecho a defensa, presunción de inocencia y proporcionalidad de las penas. Además, señaló que los adolescentes no irían a cárceles de adultos y que cada provincia deberá definir los espacios de alojamiento y tratamiento.
Otro punto central del proyecto oficial es la eliminación del artículo que hoy permite reducir a la mitad las penas aplicables a menores. Según Soto, con la reforma, quienes cometan delitos graves podrían recibir penas similares a las de un adulto, aunque dentro de un régimen especial, y con alternativas como prisión domiciliaria, monitoreo electrónico, tratamientos de desintoxicación o programas de formación.
El debate se reavivó tras un crimen ocurrido en Santa Fe, que el Gobierno nacional tomó como ejemplo para reforzar la necesidad de modificar la legislación vigente. Sin embargo, desde distintos sectores advierten que una reforma centrada únicamente en bajar la edad de imputabilidad no resolverá el problema de fondo.
Borinsky evitó pronunciarse sobre una edad específica, pero insistió en que el desafío real es construir un sistema penal juvenil moderno, con autoridades capacitadas y recursos suficientes, que combine responsabilidad penal con inclusión social. Para el magistrado, cualquier cambio debe formar parte de una política de Estado que atienda a las víctimas, respete los derechos de los adolescentes y contribuya a una mayor paz social.
Así, la discusión que se abre en el Congreso promete ser intensa y atravesada por miradas contrapuestas, en un contexto donde seguridad, justicia y derechos aparecen como ejes centrales de un tema que impacta de lleno en la agenda pública.