Amnistía Internacional (AI) expresó su «preocupación y alerta» sobre los últimos anuncios de política de seguridad realizados por el gobierno nacional, como la compra de armas tipo Taser y la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores, y advirtió que van «en detrimento de los derechos humanos».
«Amnistía Internacional manifiesta profunda preocupación con relación a los últimos anuncios sobre la política de seguridad que compromete la responsabilidad del Estado argentino. El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho», señaló la organización en un comunicado de prensa.
En cuanto a las Taser, AI indicó que «se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas», y advirtió que «las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona».
“El punto es cómo el Gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.
Asimismo la organización expresó su preocupación ante la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, y recordó que «desde hace años la Argentina ha sido interpelada por organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal».
«Esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina, de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal», afirmó Belski.