El diputado de La Libertad Avanza defendió la reforma como una “actualización necesaria” del régimen penal juvenil, mientras que el legislador de Unión por la Patria la calificó como “vacía” y sin recursos para aplicarse
La media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina abrió un fuerte debate político. En Santa Fe, el contrapunto quedó expresado en las posiciones del diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y su par Diego Giuliano (Unión por la Patria), quienes exhibieron diferencias de fondo sobre el alcance y la viabilidad de la iniciativa.
Mayoraz: “Algo hay que hacer, y empezamos por esto”
Mayoraz defendió la reforma como una modernización de un régimen que data de 1980 y sostuvo que el proyecto fue debatido durante un año con especialistas.
“El kirchnerismo gobernó 16 años con mayoría y no modificó este régimen. ¿Querían resolverlo o solo dilatar?”, planteó, al rechazar críticas opositoras.
El legislador aseguró que la iniciativa contempla una respuesta penal para adolescentes de entre 14 y 16 años respetuosa de la Convención sobre los Derechos del Niño y remarcó que la pena privativa de la libertad será la última instancia, aunque consideró imprescindible que exista.
“Un chico que tortura y mata a otro no puede volver a su casa como si nada hubiera pasado. Hay que pensar en las víctimas y también en el menor que delinque”, afirmó.
En relación con el cuestionamiento sobre el financiamiento y la aplicación del régimen, Mayoraz sostuvo que no se trata de una transferencia de responsabilidades, sino del cumplimiento de competencias ya establecidas en la Constitución. “El 99% de los delitos comunes son de competencia provincial. Nación fija el régimen, pero los dispositivos corresponden a las provincias”, explicó.
Para el diputado libertario, la discusión debe darse “sin prejuicios ideológicos” y consideró que oponerse a la reforma implica “atrasar” frente a una problemática que —según su mirada— exige respuestas concretas.
Giuliano: “Sin recursos es un proyecto vacío”
Desde la vereda opuesta, Giuliano cuestionó con dureza la media sanción y aseguró que el texto aprobado carece de estructura institucional y financiamiento.
“No hay instituciones especializadas, ni fiscales defensores ni jueces juveniles. No hay nada detrás de ese título”, sostuvo.
El legislador criticó la forma en que se introdujeron modificaciones durante el debate, como el cambio de edad propuesta —de 13 a 14 años— y ajustes vinculados al financiamiento. “No es serio”, señaló.
Giuliano advirtió que abordar delitos graves cometidos por adolescentes requiere dispositivos específicos, operadores judiciales capacitados y recursos económicos. “Eso requiere plata. Pero el Gobierno dice que no hay plata. Entonces, el proyecto que se votó es un proyecto vacío y además le tira el problema a las provincias”, cuestionó.
Si bien reconoció que históricamente el Frente Renovador impulsó el debate sobre la edad punible, aclaró que el bloque de Unión por la Patria rechazó de manera unánime el texto aprobado por considerar que no establece un régimen penal juvenil integral.
“El título puede sonar atractivo, pero no resuelve el problema”, concluyó.
Dos modelos en discusión
El cruce expone dos concepciones distintas frente a la inseguridad y la responsabilidad penal adolescente.
Para Mayoraz, la prioridad es actualizar el marco legal y garantizar que exista una respuesta penal ante delitos graves cometidos por menores.
Para Giuliano, sin una estructura institucional, recursos y un enfoque integral, la reforma corre el riesgo de ser solo un cambio formal que traslade el problema a las provincias.
El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde el debate promete replicar —y profundizar— la discusión política y jurídica sobre cómo abordar el delito juvenil en la Argentina.