Tras la denuncia del Municipio de Rosario, la situación podría calificarse como delito ambiental
La primera denuncia por la quema de pastizales en las islas provino de la Municipalidad de Rosario y esa causa se tramita actualmente en un Tribunal Federal de Paraná. Luego, el gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal y posteriormente el Ministerio de Ambiente de la Nación. La primera causa podría avanzar quedando encuadrada como delito ambiental y además llevar a la indagatoria de los dueños de los campos, ya identificados.
La Fiscalía Federal de Paraná a cargo de Carlos García Escalada finalizó la etapa de relevamiento de pruebas, según informaron desde el área Legal y Técnica de la Municipalidad local. Esto significa que se podría seguir con la calificación de la causa y la imputación a los titulares de los terrenos incendiados.
«Por la feria judicial extraordinaria se dilataron algunas medidas, pero la semana pasada el intendente Pablo Javkin mantuvo una reunión por zoom con el fiscal federal del caso, quien además de confirmarle que se identificaron siete dueños le adelantó que con esos elementos ya estaría en condiciones de avanzar en la calificación de los delitos y disponer el llamado a indagatoria de esas personas», reveló Juliana Conti, subsecretaria Legal y Técnica de la Intendencia de Rosario, a La Capital.
A su vez, Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, había confirmado el martes que estaba preparando un escrito para denunciar penalmente la quema en nombre de la provincia por pedido explícito del gobernador Gustavo Bordet.
Conti aseguró que está en contacto permanente con la Fiscalía y desde allí les confirmaron que gracias a datos de Gendarmería Nacional y entrecruzando datos con catastro provincial se pudo determinar la información de los titulares.
Asimismo, señaló: «El fiscal federal también dio a conocer que ya se le tomó declaración testimonial al ministro de Medio Ambiente de Entre Ríos, y que se le correría traslado a la Unidad Fiscal Especializada de Delitos Ambientales de esa provincia. Esta primera etapa de medidas probatorias estaría concluida, por lo cual se pasará a tipificar eventuales delitos y el llamado a indagatoria».
«Estamos evaluando permanentemente lo que ocurre, con la posibilidad de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios, o interponer amparos ambientales. Igualmente, colaboramos de forma constante con la causa, y aportamos datos a la Fiscalía», cerró la funcionaria.