Fue aprobado por unanimidad en comisión y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la segunda sesión virtual, el próximo jueves
Un proyecto que prevé un plan de protección integral para el personal de la salud de los sectores público y privado en contacto directo con la atención de casos de coronavirus fue aprobado este lunes por unanimidad en comisión en el Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la segunda sesión virtual del próximo jueves.
La propuesta, a la que la Cámara de Diputados otorgó media sanción en su primera sesión virtual del miércoles pasado, recibió dictamen favorable de los senadores de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, tanto del oficialismo como de la oposición, reunidos esta mañana mediante videoconferencia.
El proyecto prevé la creación del Programa de Protección al Personal de Salud, que incluirá la capacitación y la adquisición directa de bienes, servicios y equipamiento para garantizar la protección del personal de salud durante la emergencia.
Para ello, la iniciativa -cuyo autor es el presidente del Interbloque Federal, el diputado nacional y médico Eduardo Bucca, crea un Fondo de Protección destinado a la protección de médicos, enfermeros, camilleros, maestranza y todo el personal afectado al servicio de la atención directa de casos de coronavirus.
El proyecto, denominado «Ley Silvio» en homenaje al primer enfermero -Silvio Cufre- en morir en el país por coronavirus, recibió dictamen favorable mediante una votación a viva voz y será la primera iniciativa en el Senado en ser ratificada mediante firma digital antes de ser discutida en el «recinto virtual».
Durante el plenario de comisiones de hoy, el jefe de los senadores del Frente de Todos José Mayans, pidió dar «una respuesta rápida» para mitigar los efectos de la pandemia y consideró que este tipo de acciones «deben darse sin ningún tipo de especulación y abiertos a cualquier aporte que se pueda hacer en esta emergencia».
Mayans respondió de ese modo ante la inquietud planteada por el senador aliado a Cambiemos por Salta, Juan Carlos Romero, quien lamentó que no se pudieran incluir aportes o modificaciones a la propuesta llegada de la Cámara baja.
El senador Martín Lousteau (UCR) coincidió en la necesidad de avanzar pero pidió «pensar en el costo fiscal» que tendrá la norma al declarar que los fondos provendrán del Presupuesto nacional en lo inmediato pero que el año próximo, de acuerdo a lo establecido en el texto, serán las provincias las que tendrán que encargarse de su ejecución.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, declaró que el bloque del oficialismo decidió «no provocar cambios» a la norma aprobada por Diputados para no dilatar su aprobación ante la crisis sanitaria pero dijo estar abiertos a aclaraciones en la reglamentación.
La senadora del radicalismo, Silvia Elías de Pérez, coincidió en ese sentido con la situación de riesgo en que se encuentra el personal de la salud en el combate de la pandemia y expresó que «los médicos no están en la primera línea de combate sino que están en la trinchera».
El proyecto prevé, además, la creación de un Registro Nacional del personal de la salud que haya sido contagiado para que las autoridades puedan hacer seguimiento de su evolución y del entorno con el que hayan estado en contacto.
En ese sentido, tanto Elías de Pérez como su par de Jujuy por la UCR, Silvia Giacoppo, pidieron que se mantenga la «confidencialidad» del Registro para resguardar al personal de la salud afectado y evitar eventuales «estigmatizaciones y escraches».
El senador del oficialismo porteño, Jorge Taiana, expresó por su parte que una vez aprobada la normativa se le requiera a las provincias «su rápida adhesión» para poner en práctica las nuevas reglas con celeridad, y ponderó el aumento de respiradores y la capacidad de atención de los hospitales.
Desde la oposición solicitaron que contemple la posibilidad de incluir a los odontólogos en los beneficios y pidieron que se aclare en el proyecto la incorporación del personal encargado del traslado de residuos patógenos, algo que por un error involuntario había sido excluido del texto enviado a los legisladores.
El senador de Cambiemos por San Luis, Claudio Poggi, adelantó su apoyo a la ley pero puso reparos al hecho de que la autoridad de aplicación de una ley que a su criterio debe ser ejemplo de federalismo sea el Ministerio de Salud de la Nación y pidió en ese sentido que las decisiones se tomen en conjunto con el Consejo Federal de la Salud.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Caserio, insistió que el oficialismo está abierto a las sugerencias y que eventuales correcciones o aclaraciones podrán ser solucionadas cuando el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.