CLG dialogó con Norma López y Fernanda Gigliani, concejalas; Gabriela Sosa, integrante de Mumalá; Nazarena Galanti, coordinadora de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género; y Sofía Ribas, de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas
Úrsula Bahillo fue asesinada el último lunes. La autopsia determinó que recibió al menos 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello. El acusado es su ex pareja, un efectivo de la Policía Bonaerense a quien ella había denunciado en reiteradas ocasiones. Incluso, tenía una orden de restricción. Así y todo, llegó hasta Úrsula y le quitó la vida. CLG dialogó con Norma López y Fernanda Gigliani, concejalas, Gabriela Sosa, integrante de Mumalá, Nazarena Galanti, coordinadora de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género y Sofía Ribas, de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, quienes dieron su opinión y analizaron el contexto en el que se dio este lamentable hecho.
«Los ciudadanos y ciudadanas de Rojas tienen una situación de absoluta impunidad. Las mujeres denuncian, tienen coraje y se animan, pero después el mismo sistema judicial en vez de proteger, desampara a las víctimas», dijo López para comenzar.
La concejala del Frente para la Victoria recordó un caso de 2013: «Recibimos un pedido de acompañamiento a través de una compañera de la comisaría de la Mujer de Buenos Aires. Una mujer que había sido hostigada por su ex pareja, con la que tenía hijas. Tenía más de 50 denuncias». «Ante la impunidad del agresor, decidió volver a Rosario. Pero cuando llegó acá se encontró que el violento la seguía persiguiendo y tuvimos que tomar varias medidas», relató.
«Desgraciadamente aprendimos mucho con esta situación. Encontramos muchas falencias en los poderes y tuvimos que ir modificando. Lo tremendo es que hablamos el mismo sistema judicial de Buenos Aires», indicó. Y añadió: «Es la misma fiscal y la misma secretaría que las que actuaron en la situación de Úrsula». «Cuando leímos, escuchamos y vimos los testimonios de la madre y de las amigas de Úrsula nos conmovió muchísimo a todas las que habíamos participado de este caso», remarcó.
«Por un lado faltan cambios en la policía, en todo lo que significa seguridad. Y por otro, en la Justicia. Hay situaciones donde los distintos modelos de gobierno han avanzado muchísimo en lo que son políticas públicas para mujeres en situación de violencia, las políticas de género. El marco normativo que tenemos y de leyes son de mucha protección, pero es absolutamente incumplido», analizó. «Las instituciones que tienen que cuidarnos no han cambiado su estructura misógina, machista y autoritaria», enfatizó.
Fernanda Gigliani, por su parte, señaló: «El femicidio de Úrsula me conmovió en lo más profundo, no solo porque tenía 18 años, sino porque quedó al descubierto la ausencia del Estado cuando una mujer quiere denunciar un caso de violencia de género». «El patriarcado nos volvió a arrebatar otra vida. Úrsula denunció 18 veces, avisó una y otra vez y los organismos del Estado que tenían que recibirla, acompañarla, contenerla y cuidarla fallaron. Quedó al desamparo y luego la historia termina con un femicidio más», detalló.
A su vez, hizo especial énfasis en que el acusado era parte de la Policía Bonaerense: «Es inadmisible que un oficial de policía siga siendo y trabajando como tal cuando cuenta con denuncias por violencia. No es insano, no está loco. Es un femicida».
La edila de Iniciativa Popular remarcó: «Tenemos leyes con las que hay que trabajar para evitar estos casos. Es necesaria la debida implementación de la Ley Micaela, la transversalización de la perspectiva de género en todos los organismos y niveles del Estado y la implementación de políticas públicas eficientes para no lamentar otra Úrsula».
«Lo de Úrsula es la conclusión y el ejemplo más duro y descarnado de la ausencia del Estado», dijo Gabriela Sosa por su parte para comenzar. A lo que agregó: «Previamente y posteriormente se evidenciaron múltiples fallas en el abordaje de su situación de violencia: la falta de respuestas a sus denuncias, la connivencia que han tenido ante otras denuncias contra el femicida; y, ni hablar, la actitud posterior con las familias reprimiendo».
La integrante de Mumalá aseveró que «Úrsula es un ejemplo de todas las limitaciones que está teniendo el Estado en el abordaje de las violencias machistas». «Esto amerita propuestas bien concretas, nosotras las enmarcamos en un pedido de emergencia nacional. Hay que disponer recursos de todo tipo para fortalecer las áreas municipales en todo el país y que se hagan efectivos los protocolos dentro de las fuerzas cuando hay denuncias de violencia de género», reclamó.
En cuanto a cómo se llega a este tipo de situaciones, remarcó: «La falla principal que está teniendo el Estado es que no pone los recursos económicos y humanos para el abordaje de las violencias. Cuando hablamos de presupuesto, del dinero puesto para asistencia a las víctimas, ahí nos encontramos con una ausencia tremenda». Por otro lado, destacó: «Además, hay desarticulación total entre los tres poderes del Estado en el abordaje de las violencias. Creo yo que hay que pasar del discurso inclusivo a los presupuestos y una necesario discusión de reforma del Estado que incluya mejores articulaciones».
En la misma línea, Nazarena Galanti expresó: «Lo de Úrsula y sus denuncias es la cotidianidad. Hay que dejar de sorprenderse de este tipo de cosas porque no son una excepción. Que las mujeres hagan reiteradas denuncias y las manden a sus casas y subestimen la situación es la norma, la regla». «Cada vez que una mujer denuncia es una situación de suma urgencia, porque si el Estado llega tarde no sirve», insistió.
Desde su perspectiva, el punto de partida «para que cambien las cosas es que este caso no quede impune». Aunque aclaró: «No solo con respecto al autor material del hecho, sino también en cuanto a los funcionarios públicos que no actuaron y se manejaron con desinterés».
«En Argentina tenemos un montón de leyes, pero no se aplican como corresponde. Son leyes muy avanzadas a nivel internacional, pero no se aplican. Hay que empezar a aplicarlas debidamente», analizó. Y cuestionó también la situación dentro de las fuerzas de seguridad: «Hay que empezar a hacer un relevamiento dentro de las fuerzas. Cuando una mujer denuncia a su pareja o ex pareja que es policía hay un nivel de encubrimiento que es total. Los efectivos con denuncias no pueden seguir estando dentro de una fuerza que se supone está para cuidar a las mujeres y lo que hace es todo lo contrario».
Para Sofía Ribas, Úrsula es «una víctima más de la sociedad y el Estado patriarcal que no solo no hace nada al respecto, sino que el Poder Judicial encubrió al femicida». «Él era policía, o sea que el Estado es responsable. Es hora de que se tomen cartas en el asunto, no desde un lugar punitivista, sino desde la prevención», reclamó.
La abogada consideró que la situación de violencia que viven las mujeres «se pone en agenda, pero no se le da la relevancia que merece». «No se toma en serio la problemática que estamos viviendo a nivel país», aseguró.
«También hay una falta total de consciencia de los varones hetero cis, están haciendo silencio desde siempre y todavía no se despiertan. No hablan del tema», cuestionó. Y cerró: «Cuando todas nosotras vivimos esto como un dolor colectivo, ellos miran para otro lado».