La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado convocó para este martes a un encuentro extraordinario con el fin de evaluar denuncias de despidos así como las medidas de ajuste en el sector público
La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este martes a una reunión extraordinaria y sesionará el primer día hábil del año con el fin de evaluar denuncias de despidos así como las medidas de ajuste en el sector público, según informó el sindicato en un comunicado.
El encuentro está programado desde las 16, en el Hotel Quagliaro, en Moreno 2654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sindicato analizará «denuncias sobre cientos de cesantías, sanciones y traslados compulsivos», además de «considerar la convocatoria realizada por las centrales obreras para el 24 de enero».
«La insensibilidad de este Gobierno es absoluta. Sin que existan causas justificadas y violentando todas las normas, dejan en la calle a miles de familias», apuntó el secretario general, Rodolfo Aguiar.
Aguiar aseguró que “el porcentaje de estatales bajo la línea de pobreza aumentó drásticamente en las últimas semanas” y agregó: “No descartamos determinar medidas de acción directas”.
En este sentido, será parte del análisis de situación el ajuste sobre los salarios que intenta imponer el Gobierno luego de la frustrada convocatoria a paritaria de la última semana, donde el Ejecutivo se presentó sin una oferta formal y la negociación pasó a un cuarto intermedio.
“Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de este 2024”, señaló el dirigente.
Al respecto, el gremio agregó que «el sindicato tomó conocimiento de cientos de despidos sin causa justificada, traslados compulsivos y sanciones en distintos ministerios y organismos durante los últimos días. Es por eso que se mantiene en alerta a partir de la decisión del Gobierno de revisar todos los contratos con menos de un año de vigencia en la Administración Pública Nacional».