"No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares", para "que se proceda a investigar esta línea con contundencia", sostuvo uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este jueves a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado del PRO, Gerardo Milman, en la causa por el intento de asesinato en su contra e insistió en su planteo de investigar «con contundencia» la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos en la confitería Casablanca.
«No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares», para «que se proceda a investigar esta línea con contundencia», sostuvo uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal.
A su turno, el otro representante de la Vicepresidenta, el abogado José Manuel Ubeira, denunció ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones que se busca instalar con hechos como la liberación de los integrantes de Revolución Federal resuelta en otro expediente, que «este no es un crimen político», algo que «claramente le resta entidad» y que «el mensaje dado a la sociedad» es que «matar a Cristina, a sus hijos o a su entorno no tiene costo».
«Es imposible avanzar en esta causa sino queremos meter los pies en la política», agregó el abogado y remarcó que «todo lo que apunta a la derecha del PRO es borrado».
Los abogados cuestionaron a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, a quien la Vicepresidenta -según anticipó hoy en la red social Twitter- pedirá recusar y apartar de la investigación del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado.
Ante los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia los abogados reclamaron en una audiencia presencial que se revoque la decisión de Capuchetti de no ordenar el secuestro para someter a una pericia los celulares de las dos asistentes de Milman.
Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes declararon en calidad de testigo en la causa y para la querella incurrieron en contradicciones y además en el caso de la última fue denunciada en otra causa por supuesto lavado de dinero a raíz de una sociedad en la que su socia tendría relación con la detenida por el intento de homicidio Brenda Uliarte.
La negativa de esa prueba resuelta por Capuchetti tuvo «arbitrariedad y total falta de fundamentación», sostuvo Aldazábal y recordó que la jueza no delegó la pesquisa y la mantiene bajo su órbita por lo cual se niega «una prueba esencial» ante la «gravedad institucional de lo que se está investigando».
«Se trata del deber de investigar de la Justicia», agregó el abogado y remarcó que Capuchetti es «una persona que asumió la investigación, no la delegó y no les hizo una sola pregunta» a las asesoras de Milman cuando las citó a declaración testimonial.
Además remarcó como otro «elemento muy llamativo» que en el allanamiento a la procesada por el intento de magnicidio Uliarte se «encontró un papel manuscrito con la llamada regla de Tueller, vinculada a cómo disparar a corta distancia, antes de que otro saque un arma. Esta doctrina a la Argentina la trajo Milman».
Aldazábal remarcó que en la causa se corroboró todo lo que declaró el testigo de esa conversación de Milman en la confitería ubicada frente al Congreso Nacional, de apellido Abello.
«Se corroboran todas las presencias, pedimos investigar si Milman estuvo en Pinamar o no y no se hizo nada», agregó sobre el viaje que emprendió el diputado del PRO a esa ciudad luego de haber estado en la confitería.
Ubeira remarcó que a esta altura de los hechos será una «medida tardía y vana» por la prueba que pueda obtenerse y criticó a los jueces frente a los cuales hablaba por haber ordenado excarcelar a los integrantes de Revolución Federal en otra causa que investiga a esa agrupación.
«(Jonathan) Morel se fue por la puerta después de haber escrito que los iba matar y que iban a tener miedo de salir a la calle. Estamos acá sentados porque tenemos que recorrer el pedestal para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la realidad es que no esperamos nada», dijo.
La querella de la Vicepresidenta apeló ante la Cámara Federal de Casación la excarcelación del referente de Revolución Federal.
Ubeira recordó al juez Llorens, sentado frente a él en la mesa de la sala de audiencias del segundo piso de la Cámara, que fue el autor de un voto en otra causa penal donde en minoría postuló que había que «quitarle los fueros a la Vicepresidenta para ordenar su detención».
En la audiencia -que comenzó pasadas las 10 y se extendió por media hora- estuvieron presentes Bertuzzi y Llorens, mientras que Bruglia siguió sus alternativas por videoconferencia.
En tanto, Ubeira hizo «responsables» hoy a los jueces por la preservación de la vida de la Vicepresidenta y remarcó que hubo un «grupo de nazis que vinieron a atentar contra el sistema democrático».
«Preservarle la vida es una responsabilidad de ustedes, hagan lo que quieran con esto, pero estos animalitos están dando vueltas», indicó el abogado José Manuel Ubeira en relación a los excarcelados de la agrupación Revolución Federal, investigados en otra causa judicial.
En la audiencia y frente a los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que con las excarcelaciones «el mensaje dado a la sociedad es que con la liberación de todas estas personas, matar a Cristina, a alguno de sus hijos o su entorno, no tiene costo»
«Les vengo a trasmitir la voz de la clienta, lo que piensa y, doctor (dijo mirando al camarista Llorens) no ayuda que haya un voto suyo donde dice que hay que sacarle los fueros y detenerla», agregó sobre otra causa penal en la que está imputada la Vicepresidenta.
«Hoy tenemos la instrucción concreta de la clienta de recusar a Capuchetti. Da la casualidad que en la investigación, una mano apunta a Milman y otra a los hermanos Caputo», enumeró
Además, recordó que el 1 de septiembre intentaron matar a la Vicepresidenta pero «en la previa se tiraron cascotes» y después «desapareció la información del celular que usaba Montiel (Fernando Sabag Montiel, detenido como autor del hecho) y tras esto la Policía Federal dejó escapar a Brenda Uliarte y tuvo que ir el secretario del juzgado a pararla en un tren».
«Estamos ante un montaje de seguridad», concluyó.