El abogado de la familia de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata, pidió este lunes penas de prisión perpetua para dos de los acusados y una condena de cuatro años y medio para el tercero, durante el juicio que se lleva adelante en esa ciudad, según informaron fuentes judiciales.
El querellante Gustavo Marcelliac reclamó la máxima pena para Matías Farías (25) y Juan Pablo Offidani (43) y 4 años y seis meses de prisión para Alejandro Maciel (61).
A los dos primeros los acusó de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y por realizarse en cercanías de una escuela, y abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio.
Para el querellante, Farías fue el autor del abuso sexual y femicidio, mientras que Offidani actuó como partícipe necesario. En tanto, consideró a Maciel lo consideró encubridor, por lo que reclamó una pena mucho menor.
Durante la audiencia de este lunes, cuando Marcelliac terminaba su alegato, Farías comenzó a gritar «yo no la violé, no la empalé, ni nada», lo que obligó al Tribunal Criminal Oral 1 a ordenar que lo desalojaran de la sala. Mientras los penitenciarios lo retiraban del recito, el acusado volvió a gritar «me estás pidiendo perpetua de onda y yo no mate a nadie, ni violé a nadie, ni nada».
El alegato se extendió durante casi dos horas, a lo largo de las cuales el abogado expuso su apreciación de los delitos consumados y aseguró estar ante un caso de «violencia extrema».
Además, consideró que «no es importante si Lucía murió por el dolor que le provocó el abuso sexual o si fue abusada con un objeto» y resaltó que se está ante «adultos que reclutaban menores en la puerta de una escuela para venderles droga y satisfacer sus necsidades sexuales», en el marco de «un juego perverso y cruel» que terminó con la vida de la adolescente.
«Está probado que Farías y Offidani eran socios en la venta de estupefacientes. Está probado el abuso sexual, con Farias y Offidani como protagonistas. Está probada la violencia contra la mujer y el uso de estupefacientes», agregó el querellante.
Para el letrado quedó también probado el «acceso carnal brusco, bajo parámetro de cosificación de la mujer» y consideró que Offidani era consciente de que Farías estaba abusando de Lucía y que su propósito era seguir luego él.
Sobre Maciel, Marcelliac dijo que «auxilió a Farías y a Offidani a borrar rastros», a «higienizar y vestir el cuerpo» y a retirar estupefacientes e información de la casa de Farías.
Tras el alegato de la querella, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas pasaron a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando será el turno de alegar de la defensora oficial María Laura Solari.
El pasado viernes, el fiscal Daniel Vicente pidió prisión perpetua para Farías como autor de «abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor».
Para Offidiani, en tanto, reclamó 18 años de prisión como partícipe necesario de ese delito, mientras que pidió la absolución de Maciel, ya que durante el juicio los especialistas descartaron que el cuerpo de la menor haya sido lavado.
La hipótesis de la fiscalía es que Lucía conoció a Farías y Offidani un día antes de su muerte, el 7 de octubre de 2016, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 local para venderle un cigarrillo de marihuana.
A la mañana siguiente, ambos pasaron a buscar a Lucía por su casa y se fueron hacia la vivienda del primero, en Racedo al 4500, del barrio Alfar, donde habría sido drogada y abusada sexualmente.
Luego, los imputados llevaron a Lucía en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena, adonde llegó sin signos vitales. Vicente recordó que todos los médicos declararon en el juicio que «fue un acto sexual brusco y violento» y que el causal de muerte «altamente probable» fue «asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar, por el consumo de cocaína».
El caso Lucía Pérez tuvo una fuerte repercusión a nivel nacional e internacional hace dos años, luego de que la fiscal que originalmente estaba a cargo de la causa, María Isabel Sánchez, informara en los inicios de la investigación que la víctima había sido drogada, violada y «empalada», esto último finalmente descartado.
Incluso, este caso derivó en el primer paro internacional de mujeres que se realizó en la Argentina en 2016 con el impulso del movimiento feminista Ni Una Menos.