El gobierno nacional extendió el DNU hasta el 31 de enero de 2021. CLG dialogó con Nire Roldán, de Concejalía Popular, quien detalló los beneficios de esta medida
En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional extendió el pasado 25 de septiembre el Decreto de Necesidad y Urgencia que prorroga el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, hasta el 31 de enero de 2021.
En ese contexto, CLG dialogó con Nire Roldán, referente de los inquilinos y presidente de la Concejalía Popular de Rosario, quien se mostró muy conforme con la decisión del Poder Ejecutivo.
“Hay una alegría muy importante de millones de inquilinos en la República Argentina. Lo que hace esta prórroga es responder a una necesidad de muchos inquilinos que tenían un vencimiento de contrato en estos seis meses desde el 20 de marzo hasta el 1º de octubre que no sabían muy bien si se iban a quedar en su inmueble, qué iba a pasar con los saldos deudores que tenían en sus contratos de alquiler. Este DNU propone que se frene todo tipo de desalojo, que se renueven automáticamente los contratos que tenían vencimiento al 1º de octubre y pasan automáticamente al 31 de enero de 2021 y que aquellas deudas que tenían se puedan pagar de 3 a 6 meses de enero de 2021 en adelante”, detalló.
Roldán manifestó que a partir de la decisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat, liderado por María Eugenia Bielsa, y el presidente Alberto Fernández se llevó “una tranquilidad muy importante a 9 millones de inquilinos que estaban sumamente preocupados”.
El referente de Concejalía Popular señaló que la mayoría de las propuestas de los inquilinos se encuentran contenidas en los proyectos, ya sea del DNU o la nueva Ley de Alquileres, aunque todavía “quedan algunas cuestiones pendientes como aquella persona que no tenía contrato de alquiler y tiene que ir a nuevo contrato y se encuentra con una exigencia de aumentos entre un 40 o 60%”.
“La lógica del aumento debería ser el que esté vinculado al indicador que va a proponer el Estado en el marco de la nueva ley, que habla de un acuerdo entre salarios y costo de vida. Este sería aproximadamente del 20%. Por eso vemos con tranquilidad que, en estos 120 días que va a durar el DNU, podamos encontrar una salida entre todos que esté vinculada al DNU y su vigencia, que se gestione correctamente, a la nueva ley de alquileres que funciona desde el 1º de julio en adelante”, añadió.
A pesar de las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo, los inquilinos todavía siguen encontrando complicaciones. Ante esto, Roldán comentó: “Existen espacios públicos como la Oficina de Defensa del Consumidor, alguna dependencia de la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo de la provincia Santa Fe, son lugares muy claros que hacen una información eficaz de la vigencia del Decreto y de la nueva ley”.
“En el caso de que tengan problemas le pedimos que se contacten con la Concejalía Popular, donde le vamos a contestar y le vamos a sugerir protestas ante problemas que puedan llegar a tener. La mayoría de los problemas están vinculados al endeudamiento de tres a seis meses para pagar hacia adelante”, agregó el referente de Inquilinos.
Roldán también explicó que el decreto también tiene un mecanismo para los propietarios, especialmente para aquellos que tienen un solo inmueble, que viven de esa renta inmobiliaria solamente. “El artículo 12 atiende esa problemática y busca soluciones en el marco de una mediación negociada entre propietarios e inquilinos en donde el Estado tiene que participar y no tiene que haber perjudicados”, aseveró.
“No entiendo por qué se cuestiona tanto el DNU o se cuestiona tanto la nueva Ley de Alquileres. Los problemas que estamos viviendo fruto del Covid-19 hace que haya un eslabón débil con mucha crisis al cual es necesario asistir y es un poco lo que está haciendo el Estado”, añadió.
Para el ex candidato a concejal por el Frente Progresista, la situación económica originada por la pandemia obliga a realizar un esfuerzo por parte de todos. “Así como muchísima gente está haciendo esfuerzo, no yendo a trabajar, negocios que están cerrados, entendemos que también hay que darle una solución al inquilino. El propietario debe entender y hay que buscar salidas concertadas, como son la baja de algunos de alquileres, la condonación de algunos meses de alquileres, el acuerdo cuando aquel inquilino pueda pagar, pague correctamente. Este DNU no es para aquellos que viven en Puerto Norte, es un DNU para la mayoría de la población, 9 millones de inquilinos”, remarcó.
Roldán indicó que la mayor problemática que afrontan los inquilinos “tiene que ver con el endeudamiento que tienen los pequeños y medianos comerciantes y algunos inquilinos que no pueden pagar porque están desocupados”.
Ante esto, dijo: “Estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional sobre lo que se llama Programa de Alquiler Social. Entendemos que es necesario que haya un dispositivo nacional que atienda todos aquellos puntos que generan conflictos en el marco de un contrato de alquiler, que existen muchísimos inquilinos que alquilan con intermediarios ilegales, inmobiliarias truchas. En ese sentido, estamos trabajando con el Estado Municipal con algunas organizaciones, como el Colegio de Corredores Inmobiliarios para establecer un estudio y detectar todos estos señores que están trabajando ilegalmente”.
Finalmente, Roldán hizo referencia a los desafíos a futuro. “Creo que hay un panorama complejo, pero creo que hay mucha respuesta del Estado Nacional para encontrar una salida favorable para millones de inquilinos. También se necesita el diálogo, se necesita la concertación por eso debo saludar la calidad institucional en el diálogo en la provincia de Santa Fe. Estamos en una situación inédita, se cayó el 15% el PBI, hay cerca 550 mil desocupados en la Argentina. Es momento de abrir los ojos, ser inteligentes y trabajar en conjunto para buscar salidas”, concluyó.
Mirá la entrevista completa en el siguiente video: